La Instrucción Núm. 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el "Procedimiento integral de la detención policial", emerge como una pieza administrativa trascendental en el intrincado escenario de las actuaciones desempeñadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este documento, contundente en su alcance y exhaustividad, se inmiscuye en los meandros de los procedimientos y protocolos que deben regir el delicado acto de la detención de personas. Su singularidad radica en la subrayada necesidad de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso en situaciones donde medidas restrictivas, como la privación de libertad, se tornan ineludibles

La detención preventiva, objeto de análisis y profundización en la citada instrucción, se erige como una de las funciones más trascendentales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su práctica, sin embargo, conlleva una limitación directa de uno de los derechos fundamentales más celosamente protegidos por la Constitución Española. Este paradigma queda inequívocamente reflejado en el artículo 17 de la mencionada Constitución y halla su desarrollo normativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un recordatorio contundente de que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe anclarse en los pilares del ordenamiento jurídico.

En un matiz trascendental, se subraya la dimensión internacional que permea la labor policial española. Las directrices emanadas de organismos como la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Europa delinean principios y reglas éticas aplicables a la labor policial. Un legado normativo internacional que deja su impronta en el estatuto policial español, configurando su marco jurídico con influencias notables de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950.

Este marco jurídico internacional no solo establece pautas éticas, sino que también se erige como un baluarte en la prevención de comportamientos arbitrarios. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la Policía de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa son hitos cruciales que han modelado la configuración actual del estatuto policial español.

Desde la perspectiva interna, la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto con el Código Penal, recogen pilares fundamentales que rigen la detención, sus circunstancias y formalidades. La Ley Orgánica 2/1986 recoge los principios normativos básicos que orientan la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este compendio normativo interno se erige como un entramado protector de los derechos ciudadanos, con disposiciones claras para salvaguardar la integridad física, la libertad, la intimidad y otros bienes fundamentales.

No menos relevante es el apartado dedicado a la protección de los derechos de las personas detenidas, destacando la imperiosa necesidad de evitar cualquier atisbo de comportamiento arbitrario por parte de los agentes. Este enfoque incluye normativas específicas sobre la detención de menores, la coordinación en la detención de ciudadanos extranjeros, la detención de personas por razón de su cargo y medidas preventivas para evitar la discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género o características sexuales.

La instrucción, en su esencia, busca integrar y actualizar la normativa existente, proporcionando a los agentes garantías jurídicas sólidas durante el proceso de detención y custodia. La necesidad de revisar periódicamente la instrucción revela una conciencia aguda de la dinámica cambiante de los entornos normativos, jurisprudenciales y tecnológicos.

En la cúspide de la instrucción, se despliegan disposiciones cruciales que abarcan desde la protección de datos personales hasta la formación de los funcionarios policiales. La publicación y efectos de la instrucción, junto con la derogación de documentos anteriores de la Secretaría de Estado de Seguridad, refuerzan el compromiso de mantener actualizado y coherente el marco legal que regula las detenciones policiales.

La firma de Rafael Pérez Ruiz, plasmada el 16/01/2024, sanciona la instrucción, otorgándole un estatus de vigencia y aplicabilidad en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este hito administrativo, en su afán de abrazar la complejidad y las contingencias de la sociedad contemporánea, incorpora novedades sustanciales. Desde la inclusión de normas sobre la detención de menores hasta la coordinación en detenciones de ciudadanos extranjeros, la instrucción refleja una voluntad constante de adaptarse a las realidades cambiantes.

El reconocimiento de los desafíos históricos enfrentados por el colectivo LGTBI, con un énfasis particular en las personas transexuales, añade un componente de sensibilidad y equidad. La instrucción busca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estén debidamente informados sobre las realidades de la diversidad humana, promoviendo valores de igualdad y respeto a la no discriminación.

En su conjunto, la Instrucción Núm. 1/2024 se erige como una obra que aborda con soltura la complejidad inherente a las detenciones policiales. Su carácter integral refleja un compromiso palpable con la protección de los derechos fundamentales, la adaptabilidad a los tiempos cambiantes y la promoción de valores de equidad y respeto en la actuación policial. Un hito jurídico que no solo marca pautas normativas, sino que también esboza un sendero hacia una actuación policial más justa y acorde con los principios democráticos fundamentales, si bien es cierto que habrá que prestar atención a posibles situaciones que, en el futuro, puedan llamar a modificaciones puntuales o matizaciones de la instrucción, que debe servir también para amparar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.