Madrid, 24 ene (EFE).- El número de trabajadores afectados por un despido colectivo (ERE) en los once primeros meses del año pasado se situó en los 3.204, lo que supone un incremento del 40,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados este miércoles.

En total, hasta noviembre de 2023 tuvieron lugar 780 procedimientos de despido colectivo, suspensión de contrato y reducción de jornada que afectaron a 613 empresas y 10.068 trabajadores.

Comparados los datos con los del mismo periodo de 2022, el número de procedimientos aumentó un 45 % y el de empresas, un 34,7 %.

No obstante, el número de trabajadores afectados disminuyó un 36,2 %, con caídas tanto en las suspensiones de contrato (48,8 %) y en las reducciones de jornada (53 %), mientras que aumentó el de empleados implicados en despidos colectivos (40,6 %).

No obstante siguen siendo muchos más los trabajadores afectados por una suspensión de contrato (6.292) que por un despido colectivo (3.204) o una reducción de jornada (572).

Respecto a las causas, la mayor parte de los trabajadores se vieron afectados por procedimientos motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y sólo 438 se vieron en un expediente por fuerza mayor.

Los más afectados, los de industria y servicios

La gran mayoría de los trabajadores afectados se encuadraban en los sectores industrial (5.139) y de servicios (4.546), aunque los del primero están más frecuentemente incluidos en una suspensión de contrato y, los segundos, en un despido colectivo.

Por actividad y tipo de procedimiento, destacan los 4.269 trabajadores afectados por una suspensión de contrato en la industria manufacturera, que no obstante son la mitad que un año antes.

También los 725 empleados del comercio implicados en un despido colectivo (un 142 % más que un año antes) y los 577 de transporte y almacenamiento, también en un despido colectivo (ocho veces más que en el mismo periodo del año anterior).

Esta tendencia al alza de los ERE se dan en un contexto de anuncios de procesos de regulación como los planteados por empresas como Telefónica, Ford, Holaluz, Bayer o Sabic.