Rockmond, firma de estructuración y asesoramiento en activos legales, calienta motores e inicia las reclamaciones en beneficio de los propietarios de camiones afectados por el conocido como “cártel de los camiones”, que agrupa a seis fabricantes de este tipo de vehículos que concertaron los precios durante 14 años.

Corría el año 2016 cuando Bruselas tomó una decisión que pasará a la historia por ser la sanción más alta jamás impuesta para un asunto de competencia. Ese año, la Comisión Europea sancionó con cerca de 3.000 millones de euros a DAF, Daimler, Iveco, Man, Renault y Volvo por el intercambio de información sensible y la concertación de precios, lo que, además, abrió la puerta para las reclamaciones en toda Europa.

Y España, desde luego, no iba a ser menos. Rockmond Litigation Funding Advisors ha sido la firma que ha tomado la iniciativa en nuestro país y ya ha presentado, en nombre de los titulares de camiones, diligencias preliminares en los juzgados mercantiles de la mayoría de las provincias españolas. En concreto, la firma y sus despachos colaboradores han presentado dichas diligencias, que suponen ‘la antesala del proceso’, en representación de más de 4.000 afectados, cifra que, según fuentes de la propia Rockmond “irá a más”. Las mencionadas diligencias preliminares se han presentado en los juzgados mercantiles de un total de 19 ciudades que incluyen Madrid, A Coruña, Almería, Badajoz, Bilbao, Burgos, Girona, Granada, Huelva, Las Palmas, Logroño, Málaga, Palencia, Pamplona, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Durante los meses previos, Rockmond había trabajado en el diseño y estructuración de un vehículo que ya aglutina a miles de propietarios afectados por el cártel de camiones. Gracias al trabajo del equipo de la firma, liderada por su co-fundador y co-socio director, Armando Betancor, su socio profesional, Francisco Cabrera Molina, y su director para España y Portugal, Eduardo de Frutos Ramírez, el vehículo Rockmond Litigation Funding Truck Blue posibilita que los afectados puedan interponer sus reclamaciones a cambio de una parte de los derechos litigiosos o, lo que es lo mismo, de parte de lo que se recaudará gracias a la acción judicial. Esta modalidad, conocida como “financiación de litigios” genera, en palabras de Betancor, “una sinergias win-win claras y directas: los afectados que no podían reclamar y defender sus intereses, por ejemplo, por un tema de costes, ahora pueden hacerlo gracias a Rockmond. Pero es que además de asumir todos los costes -tanto los legales, como lo de procurador, los periciales y los de seguro-, nos ocupamos de todo el trabajo de campo”.

Como han demostrado las primeras sentencias dictadas en materia del cártel de camiones, la prueba pericial es fundamental para determinar la cuantificación del daño sufrido y de la indemnización. No basta la Decisión de la Comisión Europea (C-2016/4673) para determinar el alcance del perjuicio. Así, Rockmond cuenta no solo con un equipo legal liderado por Blas González, magistrado de lo mercantil en excedencia, y Juan Antonio Roger, socio de Foro Legal, sino que además suman a sus filas un equipo pericial de muy alto nivel técnico, liderado por el ingeniero nuclear Javier Fábregas, quien ha elaborado un complejo modelo para determinar con precisión el daño sufrido por cada camión.

Múltiples expertos de este tipo de asuntos señalan que reclamar judicialmente, o por vía de arbitraje, conlleva procesos complejos, caros y largos, “que requieren una inversión significativa de tiempo y recursos durante varios años para que el caso llegue a una resolución exitosa” (Burke and Seegers 2019) y de ahí el éxito de firmas como Rockmond. “Rockmond financia a fondo perdido y asumimos todo el riesgo por lo que todos salimos ganando”, subraya Betancort.

Fundada en Madrid, y con oficinas en Madrid y Londres, “desde Rockmond asesoramos en la financiación de litigios y procedimientos arbitrales, y conectamos buenos casos con el fondo adecuado, teniendo en cuenta las características del caso y el perfil del fondo. Básicamente, estamos el mundo de los servicios financieros con el matiz de que el activo es un bien jurídico”, explica Eduardo de Frutos Ramírez, director de la firma para España y Portugal.

Por su parte, Blas González, ex magistrado que lidera el equipo legal, señala que “hemos asesorado a clientes en España, Portugal, América Latina y África sobre cómo conseguir la mejor financiación para sus necesidades legales. Éstas pueden ir desde la necesidad de financiación (o, mejor dicho, una inversión a fondo perdido) de un litigio o procedimiento arbitral, hasta la venta o monetización de sentencias o laudos arbitrales, pasando por la financiación del trabajo de despachos de abogados. Las posibilidades son múltiples, pero siempre teniendo en cuenta las características del caso”.