Entrevistamos a D. Jorge Campmany Vilaseca, director del despacho Campmany Abogados. El bufete tiene su sede principal en Barcelona pero presta servicios en toda España, también desde sus oficinas de Madrid. Las principales especialidades que ofrece el despacho son el Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y es reconocido por sus trámites y litigios en materia de incapacidad permanente. Asimismo, también gestiona reclamaciones de seguros y despidos, junto a solicitudes y actuaciones judiciales en casos de jubilación y discapacidad, entre otras prestaciones.

El 2020 ha sido un año especialmente difícil a causa de la pandemia, ¿qué balance podría hacer?

Sin duda, este año ha puesto a prueba la capacidad de los operadores jurídicos para dar respuesta a la inmensa demanda de dudas y problemas que ha generado la crisis del coronavirus. En concreto, los despachos de abogados laboralistas hemos tenido que adaptarnos a las medidas que se aprobaban semanalmente vía Decreto Ley, a la vez que reorganizar de forma interna y externa el despacho. El cierre de la administración durante tres meses, y en concreto de la Justicia, va a conllevar una enorme acumulación de asuntos. Las medidas para dar respuesta son del todo insuficientes. Por ejemplo, se han creado 100 nuevos juzgados para el año 2020, 2021 y 2022, de los cuales 33 entrarán en funcionamiento el próximo mes de enero. Sin embargo, con dicha cantidad no se puede ni siquiera absorber la congestión anterior a la pandemia. Por otra parte, la Ley 3/2020 previó la celebración de juicios telemáticos, que en la práctica son anecdóticos.

Me gustaría reseñar en este sentido la entrega que hemos puesto en ello el equipo de Campmany Abogados, lo que ha permitido que ayudáramos a muchas personas en situaciones extremadamente graves. En los momentos más difíciles, siempre hemos estado allí.

¿En qué medida han cambiado la forma de ofrecer los servicios jurídicos de su despacho?

En nuestro despacho la tecnología es un pilar fundamental. No nos cogió por sorpresa la posibilidad de teletrabajar, y casi la totalidad de la plantilla lo está haciendo. Con los clientes también se ha normalizado el hecho de hacer reuniones por videoconferencia (Zoom, Hangouts, Teams, Webex...), puesto que en realidad ya utilizaban estos métodos también para hablar con familia y amigos. Ha sido una forma de acercarnos a ellos pese a que no pudiéramos estar en contacto físico. Indudablemente, esto ha permitido además preservar la salud de clientes y compañeros.

Asimismo, durante la pandemia hemos acelerado los desarrollos tecnológicos que teníamos ya en marcha, como la adopción de centralitas telefónicas íntegramente en la nube, el lanzamiento del servicio Campmany Premium -servicios jurídicos online- y la gestión de resolución de problemas mediante apertura de casos.

Estos cambios, ¿han venido para quedarse?

La relación con la abogacía se centra en la confianza. Claramente en el sector B2C las personas prefieren tener un abogado accesible, al que se le pueda enviar documentación de manera sencilla y con quien se pueda contactar por teléfono, e-mail o videoconferencia sin necesidad de desplazarse. Campmany Abogados dispone de oficinas en el centro de Madrid y Barcelona, y aún así la mayoría de las visitas (más del 90%) se realizan telemáticamente por preferencia de los propios clientes.

Creo que todo esto efectivamente ha llegado para quedarse. Y también en lo que respecta al teletrabajo, puesto que generalmente se prefiere trabajar desde casa la mayor parte del tiempo y acudir a las oficinas solo cuando es necesario -a reuniones de equipo, etc-.

En su caso, ¿le ha tocado participar en juicios telemáticos? ¿Cómo valora esta experiencia?

La mayoría de los juicios a los que hemos asistido como representantes han sido presenciales. Quizás una veintena, es decir un 15% o menos, han sido telemáticos. Pero he de decir en esta línea que si todos los juzgados están dotados tecnológicamente para ello -a priori- tendríamos que saber por qué algunos de ellos los hacen y otros no. Salvo algún problema técnico (que también ocurre a veces en los presenciales), esta dinámica es muy positiva y pienso que también ha llegado para quedarse. Sobre todo, en juicios en los que interviene la Seguridad Social. Por último, en este punto quiero destacar la puntualidad de los juicios telemáticos, muy superior que en los presenciales.

¿Han cambiado mucho las necesidades legales de los clientes durante el 2020?

Al principio hubo muchas preguntas relacionadas con los ERTE, sin embargo ahora versan más sobre posibles despidos que puedan producirse sobre todo a finales de enero de 2021. Como es sabido, en ese fecha finalizará la vigencia de los ERTE o habrá posteriores prórrogas. Muchos trabajadores también nos consultan acerca de los plazos de señalamientos judiciales. No obstante, en este momento se hace imposible hacer una predicción sobre cuándo se va a celebrar un juicio.

Desde el punto de vista de las novedades legislativas y pronunciamientos judiciales, ¿qué es lo que considera más relevante en el 2020?

Debería aplicarse de forma masiva la Ley 3/2020, instaurando los juicios telemáticos de forma preferente y no solo de forma anecdótica. Va a ser la única solución para no colapsar el sistema. Sobre los pronunciamientos judiciales, aún tardará mucho en llegar al Supremo toda la litigiosidad que habrá sobre los ERTE, así como los despidos derivados del COVID.

¿Qué perspectivas tiene su despacho para el 2021?

Consolidarnos como bufete de referencia en España en el campo de la Seguridad Social. Para ello ampliaremos entre un 15 y un 20% la plantilla para poder asumir la demanda de servicios (principalmente en Madrid). Prevemos, sin miedo a equivocarnos, un volumen superior en casos de Seguridad Social -por el retraso de la Administración- y en despidos posteriores a los ERTE.

Para este año que comienza hay se habla de varias reformas legislativas, ¿Qué es lo que considera que necesita una reforma urgente?

Sobre la reforma del sistema de pensiones, esperamos ver qué decisiones se adoptan; si se endurecen los requisitos de acceso y la fórmula del cálculo de las pensiones -debido a los acuerdos de la ley 27/2011- o si realmente (como se afirma en los Pactos de Toledo) vamos a pasar a un cambio en que las pensiones públicas deberán complementarse con los ahorros e inversiones de los contribuyentes.

Es importante también ver si finalmente se establecerá la cotización real para los autónomos, en función de su facturación. Y respecto a la reforma laboral o "contrarreforma", veremos cuáles son las modificaciones que se plantean, pero parece ser que todo será peor para los trabajadores y la balanza se inclinará de nuevo hacia el empresario.

¿Cree que la Justicia será capaz de remontar en el 2021 el parón judicial ocasionado con la pandemia?

En el 2021 seguro que no. De hecho, muchos señalamientos ya se hacen para 2022 y 2023. Las medidas de nuevas plazas judiciales no palian el problema, sobre todo en la jurisdicción social y mercantil. Y a pesar de que 15 de los 33 juzgados que se pondrán pronto en marcha serán sociales, ese parón que hubo en el confinamiento no se podrá recuperar hasta 2023 o 2024. Los abogados tendremos que buscar fórmulas alternativas para descongestionar la Administración de Justicia. Cuando y dónde se pueda.