Las medidas para la protección de los deudores hipotecarios han beneficiado a casi 87.000 familias desde su puesta en marcha en 2012. El Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que un total de 50.272 beneficiarios (hasta julio de 2017) hayan realizado una reestructuración de su deuda hipotecaria.

En los más de cinco años de vigencia del CBP se han llevado a cabo 42.575 reestructuraciones viables, 7.324 daciones en pago y 8 quitas. Por su parte, el Fondo Social de Vivienda (FSV) ha permitido la realización de 9.020 contratos de alquiler (diciembre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios (hasta septiembre de 2017).

El CBP, junto con el FSV y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. El  CBP se aprobó en marzo de 2012 con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada, se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible. Se trata de un Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, en la actualidad, la gran mayoría de los que tienen actividad en el sector.

Por otro lado, la suspensión de los lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización inmediata de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno ha impulsado recientemente la prórroga de esta medida hasta 2020 en el Congreso de los Diputados y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler de precio reducido.

Estas medidas han ayudado a paliar el problema social de los desahucios desde el inicio de la pasada legislatura, en la fase más aguda de la crisis. Las ejecuciones hipotecarias han caído un 58% respecto del primer trimestre de 2014 y las que afectan a vivienda se han reducido un 64%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas habituales de personas físicas son hoy menos de un tercio de las que se producían hace tres años. Esta reducción se explica, además de por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por la robusta recuperación de la economía española, que lleva tres años experimentando un crecimiento por encima del 3% y que acumula  una fuerte creación de empleo.