El compromiso del Colegio de Abogados de Madrid en la lucha contra la trata ha quedado patente en el cierre de los X Encuentros de Madrid, una cita intercolegial que ha congregado los últimos días en la capital de España a representantes de la Abogacía de un buen número de países del mundo.

En esa cita, y en la mesa específica moderada por la vicedecana, Begoña Castro, el jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo, José Nieto Barroso ha explicado cómo desde el Ministerio de Interior “estamos tratando de que la sociedad entienda y visualice que las víctimas de trata son víctimas producto de mafias y crimen organizado” porque “hay muchos actores en este delito”.

 

Para describir la realidad de este fenómeno en Italia que “es enorme”, la abogada especializada Grazia Cesaro, del Colegio de Abogados de Milán, lo ha explicado teniendo en cuenta que “somos un país destino preferido por los inmigrantes al que solo el año pasado llegaron unos 180.000”. De estas cifras, el porcentaje de menores no acompañados que llega es del 12 o 14% del total y “cuando llegan a Italia declaran que son mayores de edad y, además, dicen que no han pagado nada por su viaje”, explica. Para Cesaro, “la explotación sexual afecta a los menores que también son explotados laboralmente”. Y es que la trata es la tercera fuente de ingresos de las organizaciones criminales italianas por detrás del tráfico de drogas.

Oscar Cruz Barney, ex presidente del Colegio de Abogados de México, se ha referido a que México es país de origen y tránsito de migrantes. “Existe un tráfico transfronterizo entre Canadá, EEUU y Mexico, lo que ha hecho aumentar el número de víctimas de trata”. En Norteamérica, las víctimas de trata se cifran anualmente en casi 7.000, donde el 20% del total de afectados son niños. El número de sentencias por este delito ascendió en 2015 a 650 en las que el 54% de personas sentenciadas son hombres de origen mexicano.

Por su parte, Ana García Merino, fiscal delegada en Extranjería en Madrid e integrante de la Mesa de Trabajo sobre trata del Colegio de Abogados de Madrid, ha descrito cómo se regula la trata en el derecho español desde que en 2010 el Código Penal introdujera el artículo 177 bis como delito de trata de seres humanos. La fiscal ha recordado que tiene que haber medios comisivos (engaño, abuso o pago de dinero a la persona que tenga el poder sobre la víctima en origen y violencia cuando ya han llegado), conductas y fines que pueden ser de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados o tráfico de órganos.

Con una intervención centrada en la trata por explotación laboral, Teresa Rodríguez Montañés, catedrática de Ciencias Jurídicas, ha dicho que “la trata moderna es puro negocio, es delincuencia económica y lo que la hace negocio es la explotación en el ámbito sexual y laboral. Los seres humanos son comercializados utilizados como objetos de comercio y este es el problema más grave de Derechos Humanos que tiene la humanidad”. También ha mencionado el Protocolo de Palermo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional al que ha calificado de “fundamental porque ha homogeneizado la tipificación de la trata” aunque “al aplicarla al resto de legislaciones haya alguna disfunción”. Por eso, en este momento, “el enfoque es insuficiente porque no analiza el problema de forma global”, ha afirmado.

La Mesa celebrada en el patio de la Biblioteca del ICAM se ha cerrado con la intervención del profesor titular de Derecho Penal y letrado del Tribunal Constitucional, José Miguel Sánchez Tomás, que se ha centrado en las políticas públicas en relación al servicio a la víctima de trata. Así, ha explicado que las víctimas de trata “pueden serlo desde que son captadas por las organizaciones criminales pero el fenómeno de la revictimización a partir de la atención pública a las víctimas es importante de analizar”. En este sentido, ha abordado lo que considera un déficit de políticas públicas en relación a la asistencia jurídica de las víctimas, que ha calificado de “preocupante”. En los protocolos “no aparecen los Colegios de Abogados ni los abogados y eso es una forma peculiar de ver cuál es el papel que debe jugar la asistencia jurídica a la víctima”, ha señalado Sánchez Tomás.

Una larga lucha con especial empeño del Colegio de Abogados de Madrid

La presencia como uno de los temas centrales de los X Encuentros de Madrid del fenómeno de la trata y de las herramientas judiciales y policiales para combatirla en absoluto es casual. Ya el 6 de julio de 2016 se constituyó y reunió la ‘Mesa de Trabajo sobre Trata de Seres Humanos’.

Ya en ese momento, el ICAM apoya la necesidad de que la víctima cuente con la asistencia de abogado desde la detección, posiblemente del Turno de Oficio. El letrado de oficio tiene unas obligaciones colegiales que garantizan una actuación independiente (entre las que figuran la declaración de insostenibilidad de la pretensión o el desistimiento de un recurso contra un archivo). Se pone de manifiesto que la policía no quiere abogados en el momento de la identificación. La instrucción cierra el paso a los Colegios, y solo tiene en cuenta a las entidades especializadas.

En reunión del 5 de octubre de 2016, las principales ideas giraron en torno a la necesaria formación de todos los actores implicados en la protección de las víctimas de trata. Se informó de la formación específica y continuada que se ofrece por el ICAM a los letrados de oficio del Turno de Trata de Seres Humanos que abarca no solo cuestiones jurídicas sino también de otro tipo como las relativas a la identificación del los indicadores de Trata.

Sería el 2 de diciembre de 2016 cuando la Mesa aborda la necesidad de hacer efectivo el período de restablecimiento de la víctima (si no hay detenidos puede retrasarse lo necesario; en caso contrario deben agotarse los plazos para la declaración). Es posible que la primera declaración pueda quedar como prueba preconstituida si se realiza con todas las garantías. Hay que proteger la confidencialidad de la víctima. Los traductores deben conocer el idioma y dialecto de la víctima. El ICAM remitió un escrito a la Defensora del Pueblo en relación con la fase previa al proceso interesando actuación de ONGs y del Turno de Oficio (sin respuesta en ese momento).

Con asistencia del FGE, José Manuel Maza, el 14 de febrero de 2017 se confirma la disposición de la Mesa para constituirse en receptora de las disfunciones que sean detectadas en el proceso de detección, identificación, y asistencia a las víctimas, en orden a dar la preceptiva visibilidad y búsqueda de soluciones. Se reitera la necesidad de uso de video conferencia o método análogo para la declaración de la víctima con garantías suficientes que permitan que se pueda utilizar posteriormente como prueba preconstituida. El abogado debe pedir que así sea (se prevé en el Estatuto de la Víctima y ya se recogía en Tratados Internacionales y Directivas Europeas). Conflicto entre los derechos de la víctima, obligación de persecución de los delitos y el derecho a la presunción de inocencia.

Será el 19 de abril de 2017 cuando se incorpora a la Mesa Ana García Merino (Fiscal de extranjería de la Fiscalía Provincial de Madrid), y representantes de la Asociación Concepción Arenal. Se acuerda volver a presentar escrito a la Defensora del Pueblo en relación con la intervención letrada de oficio desde el momento de la detección, e incluso para la detección, de una víctima de trata de seres humanos (no constaba la entrada del anterior). El Colegio se compromete a solicitar por escrito tanto a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid como al Ministerio de Justicia la adopción de medidas en relación con la asistencia de intérpretes para la mejora sustancial del servicio, que incluya una buena selección de los profesionales que lo conforman por parte de la empresa concesionaria, a los que deberá exigirse la acreditación de los conocimientos y méritos que aleguen para la prestación del servicio.

El 29 de junio de 2017 se centró la Mesa en el debate sobre la situación de los menores víctimas de trata. Debe elaborarse un Código de Buenas Prácticas en relación con los menores que se ingresan en el Centro de Hortaleza. Lo fundamental es la derivación al recurso específico. Hay muy pocos centros (solo 5), y la proporción de menores víctimas de Trata de Seres Humanos que se detectan es mínima en relación con las víctimas reales. La representante del Ministerio Fiscal propone la presencia en la próxima reunión de la Fiscalía de Menores. Debe contarse también con los equipos psicosociales y con el Defensor del Pueblo.

Sería el 10 de octubre de 2017 cuando se vuelve a poner en el foco a los menores víctimas de trata. La tardanza en la determinación de la edad. Menores sin derivación a un recurso especializado o que no son tratados como tales por no estar su minoría de edad determinada. Detección de menores no acompañados en los CIE. Necesidad de coordinación entre las Comunidades Autónomas y entre todas las entidades de protección y el resto de los intervinientes.

Por último, y con el impulso dado por la Junta de Gobierno encabezada por el decano José María Alonso, el 19 de marzo de 2018 la reunión comenzaba con un repaso de todas las cuestiones abordadas hasta ese momento y de las actuaciones prácticas emprendidas. El objetivo es que todas las herramientas se mejoren y la velocidad para su implementación se suba a fin de atajar los demoledores efectos de un problema sangrante que un país desarrollado no se puede permitir dejar sin respuesta.