El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca, ha instado a las instituciones y administraciones públicas implicadas en la lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, a reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación institucional para luchar contra “esta forma de esclavitud del siglo XXI”. El presidente de los abogados catalanes ha explicado que los catorce Colegios de Abogados catalanes están llevando a cabo este año una campaña de concienciación y formación a los letrados para detectar y asistir a las víctimas de trata de personas porque “saber detectar las víctimas es fundamental para poder ayudarlas y ofrecerles la asistencia legal necesaria para combatir esta lacra”.
La Abogacía Catalana considera que hay que aplicar una solución integral y coordinada con el resto de agentes sociales, administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra el tráfico de personas. En Catalunya ya existe un protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos firmado en 2013 por el Gobierno catalán, la Fiscalía, la Judicatura, los Ayuntamientos, el Consell de l’Advocacia Catalana y el Colegio de Psicólogos, de modo que se trata ahora de reforzar y actualizar los mecanismos de cooperación con el fin de poder detectar y ayudar a las víctimas. La trata de personas es un delito grave, cometido a menudo por la delincuencia organizada y prohibido tanto por la declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la UE”, ha explicado Rusca, que ha recordado que “las víctimas de este delito tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, un servicio que ofrecen los catorce Colegios de Abogados de Catalunya que hay repartidos por todo el territorio”. El objetivo del Congreso que se está llevando a cabo estos días en Figueres, en el que participan un centenar de profesionales de los diferentes colectivos implicados, es “reforzar los mecanismos de colaboración institucional en la lucha contra esta lacra”, ha señalado Rusca.
En el mismo sentido se ha pronunciado, el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consell, Joan Ramon Puig, que ha puesto de manifiesto la necesidad de detectar las mujeres que son víctimas de trata para explotación sexual antes de aplicarles la Ley de Extranjería. “A menudo, las mujeres que ejercen la prostitución son tratadas desde la vertiente de extranjería, cuando seguramente muchas de ellas son víctimas de explotación sexual y deberían ser consideradas como tales, desde el punto de vista legal”, advierte Puig.
Más de 13.000 personas en situación de riesgo en España en 2015
Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en el año 2015 en España se detectaron 13.879 personas en situación de riesgo por explotación sexual, el perfil de las cuales son mujeres de entre 23 y 27 años, principalmente de nacionalidad rumana. Se detuvieron 152 personas por tráfico de seres humanos con finalidad sexual (procedentes de Rumanía, España y Nigeria, principalmente) y a 319 personas por explotación sexual (España y Rumanía). Se identificaron 133 víctimas de tráfico sexual y 650 víctimas de explotación sexual, así como 22 víctimas menores de edad. Vinculadas a tráfico sexual se detectaron 42 organizaciones y grupos criminales y se realizaron 3.007 inspecciones administrativas y 215 atestados policiales.
En cuanto a Catalunya, según datos facilitados por la Fiscalía, en 2015 se abrieron 47 expedientes a mujeres víctimas de trata para explotación sexual que se acogieron a las medidas de protección previstas en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, de los cuales 43 fueron en Barcelona, 3 en Girona y 1 en Tarragona. Por nacionalidades, predominan las víctimas procedentes sobre todo de Nigeria, seguidas de Guinea Conakry, China y Ucrania. También se incoaron un total de 30 procedimientos judiciales por tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual (20 en Barcelona, 8 en Girona y 2 en Lleida) y 144 procedimientos judiciales más por prostitución (121 en Barcelona, 21 en Girona y 2 en Lleida).
Un Congreso multidisciplinar
El Congreso de Figueres no sólo se dirige a los abogados, sino también a todos los colectivos implicados en la defensa de víctimas de tráfico de personas, y cuenta con la intervención de miembros de la Fiscalía, de las fuerzas de seguridad y de entidades sociales para abordar la problemática desde una vertiente multidisciplinar. Un centenar personas participan en el Congreso, que han inaugurado el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca; el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós; la coordinadora del Instituto Catalán de las Mujeres en Girona, Fina Surina; el decano del Colegio de Abogados de Figueres, Joan Ramon Puig y la alcaldesa de Figueres, Marta Felip.
La presentación del Congreso ha ido a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consell, Carles McCragh; la abogada y activista por los derechos de las mujeres, Cristina Almeida y la abogada especialista en tráfico de personas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Rosalía Perera Gutiérrez.
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