La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, ya que las draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad planteadas a corto plazo y que obedecen a intereses particulares han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en la presentación de su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
“Tus derechos peligran; son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los ‘valores’ nacionales.”
En España, Durante el último año se han aprobado medidas legislativas que limitan desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.
La Constitución española no protege todos los derechos por igual. Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención. Desde este colectivo se ha puesto en marcha la web www.blindatusderechos.org
Más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos
Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
La organización advierte igualmente sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, profesionales de la abogacía y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
“En lugar de reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad, muchos gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía”, ha afirmado Salil Shetty.
Amnistía Internacional afirma que esto se debe en parte a la reacción de muchos gobiernos ante las nuevas amenazas para la seguridad en 2015.
“La desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto, al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los ‘valores nacionales’. Han llegado incluso a violar su propia legislación de esta manera”, ha afirmado Salil Shetty.
Países con problemas de recortes de libertades y derechos
El caso de España
España no es ajena a la tendencia global de recorte de libertades y derechos. Durante el último año se han aprobado medidas legislativas que limitan desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.
Nuestro país ha recibido diferentes llamadas de atención por parte de mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de la ONU, por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; o por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales.
Más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han alertado al Gobierno español por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular. Y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha pedido a España que destine más recursos en incrementar la oferta de vivienda social
En España, Durante el último año se han aprobado medidas legislativas que limitan desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.
L a Constitución española no protege todos los derechos por igual. Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención.
En nuestra Constitución existen derechos “de primera” y “de segunda” según su nivel de protección judicial. Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido. Finalmente, ¿cómo han podido aprobarse leyes que limitan el derecho a manifestarse pacíficamente, como la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el artículo 21 reconoce “el derecho de reunión pacífica (…) que no necesitará de autorización previa”?
Es necesaria una reforma constitucional que blinde los derechos humanos. Por ello, desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón proponemos cambiar 24 disposiciones constitucionales. La mayoría de los cambios que proponemos tienen precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales. En resumen, queremos que la Constitución, entre otros:
Trate por igual todos los derechos humanos para todas las personas, pues los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías. Proponemos una modificación profunda del artículo 53, de modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección.
Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
Incorpore el derecho a la renta básica –para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad– y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Para ello se deberá garantizar una política de cooperación para el desarrollo y vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.
Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente, adecuando la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos, mejorando las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, garantizando los derechos de acceso a la información y participación ciudadana, el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, el reconocimiento directo del derecho de asilo y la prohibición de la pena de muerte en todos los casos. Desde estos colectivo se ha puesto en marcha la web www.blindatusderechos.org
Rusia
Su uso represivo de una legislación nacional imprecisa en materia de seguridad y contra el extremismo, así como sus intentos concertados de silenciar a la sociedad civil; su vergonzosa negativa a reconocer los homicidios de civiles en Siria, y sus insensibles iniciativas para bloquear la acción del Consejo de Seguridad sobre Siria.
Tailandia
La detención de disidentes pacíficos por actividades como representar obras teatrales, publicar comentarios en Facebook y mostrar grafitis, y el caso omiso de las autoridades militares a los llamamientos internacionales para que no amplíen sus propias atribuciones, que les permiten imponer excesivas restricciones a los derechos y silenciar la disidencia en nombre de la “seguridad”.
Burundi
Los homicidios sistemáticos y otras tácticas violentas generalizadas de las fuerzas de seguridad, y sus intentos de reprimir a la comunidad que defiende los derechos humanos en el país.
Israel
El mantenimiento del bloqueo militar de Gaza y, por tanto, el castigo colectivo impuesto a sus 1,8 millones de habitantes, así como no haber cumplido —como tampoco ha hecho Palestina— la petición de la ONU de llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Gaza en 2014.
Venezuela
La continua falta de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos y los constantes ataques contra quienes defienden los derechos humanos, y su constante denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de haberse retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privando así de acceso a la justicia a las víctimas de estos abusos.
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