Bajo el lema “El Derecho de la Unión Europea al servicio de los ciudadanos”, el 4º Congreso de Notarios de Europa tendrá como objetivo analizar y debatir diversos aspectos del Derecho Europeo civil y mercantil, con el fin de presentar propuestas legislativas a las autoridades comunitarias.
En particular se abordarán dos cuestiones de máxima actualidad: la protección de los consumidores en el entorno digital y el traslado de la sede social de las sociedades dentro de la Unión Europea.
Este congreso tendrá lugar en Santiago de Compostela del 5 al 7 de octubre. Se prevé la asistencia de más de 700 personas, entre personalidades de la política, representantes del mundo económico, universitario y jurídico, y notarios de toda Europa.
Ya está disponible la página web del congreso donde se irá ampliando la información sobre los temas a debate, los ponentes, las personalidades asistentes, etc. www.notariesofeurope-congress2017.eu
Reformas con seguridad jurídica
El desarrollo tecnológico de los notarios de la UE y su actuación en el ámbito digital, presenta hoy varios desafíos para el colectivo, -que son, a la vez, oportunidades-, como la prestación de nuevos servicios telemáticos, el uso del blockchains y de las bitcoins… etc.
“Los notarios europeos deben adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y de actuación de los ciudadanos y proponer soluciones innovadoras, siempre asegurando la esencia de su función: la seguridad jurídica”, señala el notario español José Manuel García Collantes, presidente del Consejo de Notariados de la Unión Europea. “Este congreso será, por tanto, una ocasión idónea para debatir y aprobar recomendaciones sobre la seguridad jurídica en el mercado digital, que hacer llegar a las instituciones europeas”, asegura.
En él ámbito empresarial una de las principales demandas del sector es poder trasladar sin dificultades las sedes de sus compañías de un país a otro. Los asistentes al congreso debatirán sobre el contenido y la conveniencia de que se apruebe una Directiva europea que aclare esta situación jurídica, hoy incierta, para muchas empresas. Una iniciativa legislativa sobre esta materia debería conciliar varios elementos: favorecer la movilidad de empresas, proteger los intereses de terceros (empleados, acreedores…) ligados al traslado de la sede, y facilitar las cuestiones fiscales.
Actualmente el traslado de la sede de una empresa de un país miembro a otro depende de las leyes nacionales y es la jurisprudencia europea la que establece los principios que se aplican caso por caso cuando se producen discrepancias.
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