Las nuevas tecnologías pueden llegar a convertirse en imprescindibles para nuestro día a día, pero también generan dudas respecto a aspectos legales. Eso está ocurriendo ya con blockchain, una tecnología emergente que se prevé sea la nueva revolución de los negocios y de las relaciones comerciales y empresariales. Ante el peso que tendrá este desarrollo tecnológico, un buen número de empresas e instituciones nos hemos reunido en el consorcio Alastria. Se trata de la primera red nacional sin ánimo de lucro integrada por más de cien empresas y entidades punteras en tecnología, incluidos parte sustancial del IBEX 35 y del sector público a través del Notariado y Bolsas y Mercados para crear una plataforma basada en blockchain. Los consorcios existentes a día de hoy se enfocan a soluciones verticales, no transversales. El objetivo de Alastria es reproducir un blockchain público que cumpla con la regulación estatal y que cree un estándar que pueda ser utilizado y enriquecido por todos.

Alastria contará con el Blockchain Research Lab, el primer laboratorio de investigación blockchain del mundo que pertenece al Observatorio Fintech Comillas Everis. Se trata de un hub para la investigación multisciplinar –jurídica, de negocios, tecnológica y epistemológica–, y está creado para concebir, impulsar, desarrollar y explotar resultados de líneas de investigación específicas sobre tecnologías de registros distribuidos (DLT) y cadenas de bloques (blockchain), conforme a principios innovadores de liderazgo científico y educativo. De esa forma, no solo investigará sobre tecnologías o finanzas, sino que tendrá un peso muy importante en la digitalización del ejercicio de las profesiones jurídicas –notarios, registradores, jueces, árbitros, mediadores, abogados…–, y diferentes desarrollos Regtech y Regtackle, en particular los de alcance social para la cooperación y el desarrollo.  

Pero, ¿qué supondrá esta tecnología y qué características tiene? ¿Se convertirá en el estándar para las empresas españolas? Sin duda, estas tecnologías, ya bien conocidas y en fase de experimentación en España, se diseñan para operar sobre big data con plena seguridad. Las ventajas de la tecnología de registros distribuidos (DLT) o blockchain son impresionantes para todo tipo de usuarios. Si se trata de inversores, estos podrán en unos años contratar directamente entre sí sin necesidad de recurrir a intermediarios, y podrán comprar o vender otros tipos de valores nuevos (en argot, tokens) sin tener que pagar comisiones a brokers o mediadores financieros.

Con todo ello, la tecnología DLT no solo sirve para operar con criptomonedas (bitcoins, ether u otras parecidas), sino para crear múltiples tipos de mercados financieros. Además, en pocos años, diferentes blockchains privadas (nacionales o regionales) se conectarán creando ecosistemas financieros sin intermediarios, para operar directamente y a coste mínimo desde sus nodos, según reglas de mercado y tecnológicas específicas. Esto hará aparecer múltiples retos regulatorios que crearán nuevos mecanismos supervisores sobre estos espacios de contratación.

Por ese motivo, es vital la regulación pública de estas tecnologías, tanto bancaria como del mercado de capitales, e incluso de derecho privado relacionado, en complejos y múltiples aspectos concernidos (privacidad, identidad digital y derechos de propiedad intelectual, contratación electrónica, régimen de pagos telemáticos, regulación de política monetaria, derecho procesal relativo a los mecanismos de prueba de las operaciones involucradas…) para evitar niveles de opacidad que creen espacios de ocultación tributaria o administrativa, ya que, aunque blockchain puede realizar transacciones para cualquier modelo de negocio con sus clientes de forma segura, rápida y sobre todo indeleble, también permite, por su tecnología criptográfica, guardar de forma fehaciente y “eterna”, no hackeable, los datos de las transacciones que se encriptan en cadena.

Alastria permitirá, a medio plazo, que las empresas y los particulares que usen la red puedan usar una identidad digital “soberana” asentada en el consorcio, adecuada a las necesidades de identificación que se les presenten, de forma unificada, superando el viejo problema de la multiplicidad de claves para operar con distintas instituciones, administraciones, empresas o redes sociales.