Madrid, 4 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de derecho a la defensa para remitirlo al Congreso y que comience la tramitación parlamentaria de una norma que fija las reglas para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y los derechos y deberes de los abogados.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha enmarcado el proyecto en los planes para modernizar el sistema judicial español con el desarrollo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

El derecho de defensa incluye el derecho al libre acceso a los tribunales de justicia, a que se dicte una resolución congruente y fundada en derecho por un juez imparcial, a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus términos exactos.

El proyecto, ha añadido la portavoz, regula los derechos y los deberes de los 250.000 abogados existentes en España, 150.000 de ellos ejercientes ante juzgados y tribunales, y el derecho de toda persona a solicitar servicios jurídicos de defensa en una hoja de encargo profesional o por un medio equivalente.

El anteproyecto fue aprobado el pasado agosto y ha pasado ahora por el Consejo en segunda vuelta sin cambios sustanciales, según ha señalado Rodríguez, tras recabar los informes pertinentes y aportaciones de los colegios de abogados y procuradores, entre otros.

En su informe, el Consejo General del Poder Judicial cuestionó que el rango orgánico de la ley y la falta de desarrollo de los derechos que recoge: el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a no declarar y a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Abogacía, por su parte, valoró cuestiones como la regulación del secreto profesional, pero pidió más precisión al hablar del amparo colegial a los profesionales y reclamó sanciones contra el intrusismo.