Madrid, 28 oct (EFE).- Desde antropomorfizar y otorgar derechos al animal como ser sintiente, hasta decidir si los perros de caza deben excluirse de la ley o cómo controlar las colonias felinas, el debate en el Congreso de los Diputados sobre la nueva normativa de protección animal ha vuelto a enfrentar este viernes a expertos en animales y parlamentarios.

Juristas, responsables de entidades defensoras de los animales, representantes del mundo de la caza y del medio natural han participado este viernes en una segunda sesión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para debatir sobre el proyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y el de modificación de la ley orgánica del Código Penal en maltrato animal, ambas en tramitación parlamentaria.

Con posiciones muy dispares entre las posturas más filosóficas frente a las más utilitaristas, estos proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento, con más de 6.000 alegaciones y cientos de enmiendas, llevan suscitando gran polémica desde su arranque, no sólo a nivel jurídico, científico y social sino también político, incluso dentro del Gobierno.

En general, los detractores reprochan la redacción de los textos, no por su esencia -en la que todos coinciden- que es evitar el maltrato, sino debido a la indefinición de planteamientos, "incongruencias", paradojas legales, incertidumbres, falta de claridad, trabas innecesarias, intromisión competencial del Estado central y opacidad sobre el coste de las medidas para aplicarlas así como "las prisas" para tramitarla.

La mayoría considera sin encaje jurídico excluir a los perros de caza de la ley como ha planteado el grupo socialista en una enmienda particular al propio proyecto de ley aprobado por el Gobierno y desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales que preside Ione Belarra, de Unidas Podemos.

Los intervinientes opinan que no se puede hacer diferencias en la protección de una especie únicamente por su actividad; desde la Real Federación Española de Caza, una de las organizaciones más críticas con la ley, se ha precisado que la exclusión de los perros de caza no es suficiente, ni muchos menos, para solventar las muchas lagunas en las que incurre esta normativa.

En su intervención, María Luisa Fernández, consejera del área de animales de compañía del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ha criticado que no se incluya en la protección de la ley a todos los animales, con sus particularidades específicas.

Sobre los animales ha dicho que estos "sienten lo que pasa a su alrededor porque tienen que relacionarse con el mundo en función de sus sentidos", pero es "un error antropomorfizarlos" lo que resumen en "una ley para el bienestar animal, sí, pero esta no".

Ha reprobado a quienes etiquetan como "buenos para los animales" a quienes están a favor de esta ley y no a quienes plantean un enfoque legal distinto porque "se debe tener claro que estar en contra de ella no es estar en contra del bienestar animal, algo innato a nuestra esencia como veterinarios".

Segun Christian Gortazar, catedrático de sanidad animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, es una "tomadura de pelo" que se invite a los expertos a opinar una vez cerrado el plazo de presentación de enmiendas y además se ofrezca sólo hablar a una parte muy reducida del sector conocedor de los animales.

Le parecería "sensato" retirar la ley y "empezar de cero" pues la normativa "está claramente sesgada" en su concepción en favor de la corriente "más filosófica o animalista", en detrimento de la parte científica y, en apartados como la extensión del régimen de protección animal, "ronda el esperpento" en los planteamientos.

Por el contrario, Nuria Menéndez de Llano, directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, ha asegurado que "los animales deben de ser titulares de derechos; como seres sintientes, deben tener derecho a no sufrir miedo ni estrés, a tener cobijo al frío y al calor, a no sufrir abusos sexuales, a ser tratado de forma amable y sin crueldad, a tener cubiertas sus necesidades alimenticias".

Los detractores han criticado especialmente que se vaya a dar responsabilidades relevantes a personas sin titulación veterinaria, que se exijan muchos más requisitos a las protectoras públicas que a las privadas, que se clasifique entre perros de primera y segunda según quien los trate, que se permita la exposición de animales en escaparates para la adopción pero no para la venta, etcétera.

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha reprochado a Juan Antonio López de Uralde, de Alianza Verde, que lo acuse de amenazas "mostrando unas imágenes fuera de lugar" y ha tildado de "totalitaria" esta ley "animalista" que "acabará con la actividad de la caza, un sector comprometido con el bienestar animal, y con enorme impacto rural, económico y social".