• La compañía solicita a los Colegios de Abogados y las Administraciones que tomen consciencia de esta situación y arbitren controles que pongan fin a esta problemática
• David Viladecans, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit: “No existe ningún tipo de control sobre estas prácticas de litigación masiva que se dan día a día, lo que está provocando abusos y una saturación de la Administración de Justicia, un servicio público que pagamos todos y que no está para velar por los intereses económicos de la industria”.
• Desde Tecnotramit se alerta de que bufetes animan a los consumidores a reclamar cláusulas que muchos tribunales no consideran abusivas prometiéndoles unas cantidades que no se corresponden con la verdad. “Y no sólo eso, sino que últimamente se intenta hacer pasar por consumidores a personas que no lo son”.

La actualidad jurídica ha recibido hoy una noticia que puede sentar un precedente que ayude a poner fin al fenómeno de la litigación masiva en España. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha cuestionado hoy mismo, en Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2022 (asunto C-335/21), cláusulas y comportamientos de un despacho de abogados que asesoraba a un consumidor en una reclamación. La sentencia puede traer cola, pues el fenómeno de la litigación masiva, en especial en defensa de los consumidores, ha registrado un repunte desde hace algunos años tras la idea de que con este tipo de litigiosse lucha contra los abusos de las grandes empresas, en especial de la banca, y se defiende al consumidor.

David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, lo tiene claro: “La litigación masiva se ha producido porque se ha creado una industria del litigio para ganar dinero. Y la obtención de ese dinero se basa, más allá de cobrar unos honorarios al cliente por el servicio prestado, en una participación de los resultados y en la condena en costas al banco. Cabe señalar que estamos ante un fenómeno con una entidad económica considerable, dado que los litigios de este tipo se cuentan por cientos de miles de euros”, afirma el especialista.

Nuevas prácticas jurídicas de dudosa deontología para generar negocio

Desde Tecnotramit se hace hincapié en que en los últimos tiempos la industria de la Abogacía ha intentado abrir nuevas líneas de negocio en vista de la caída del volumen de reclamaciones de preferentes, swap’s, productos de inversión y cláusulas suelo. No obstante, esas nuevas vías de negocio han resultado ser menos fructíferas, lo que ha motivado que la industria haya realizado movimientos reprobables para hacer crecer sus ingresos.

En este sentido, tal y como señala el Viladecans Jiménez, desde hace años en España se realizan prácticas de dudosa ética profesional basadas en “trocear” reclamaciones de consumidores a entidades bancarias creando así dos y tres pleitos de una reclamación que podía solventarse con un sólo litigio, comportamiento que sólo tiene como objetivo intentar conseguir más condenas en costas. Asimismo, se ha intentado dar una cuantía artificiosa a los litigios con el objetivo de que las costas sean más altas.

“Este sistema de minutación adolece de la debida transparencia, esto es, que el consumidor haya podido tener conocimiento real de lo que iba a pagar con antelación suficiente como para poder comparar ofertas. Además, muchos de los conceptos a cobrar se esconden en cláusulas escondidas, de difícil comprensión y dispersadas en el contrato. Lógicamente, muchos consumidores se sienten engañados, lo que incluso ha motivado reclamaciones judiciales contra los propios despachos de abogados”, alerta Viladecans Jiménez.

De hecho, no son pocos los bufetes que animan a los consumidores a reclamar cláusulas que muchos tribunales no consideran abusivas prometiendo a sus clientes unas cantidades que no se corresponden con la verdad. “Y no sólo eso, sino que últimamente se intenta hacer pasar por consumidores a personas que no lo son”, señala el experto.

Así pues, el director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit solicita a los Colegios de Abogados y las Administraciones que tomen consciencia de esta situación y arbitren controles que pongan fin a esta problemática. “No hay ningún tipo de control sobre estas prácticas de litigación masiva que se dan día a día, lo que está provocando abusos y una saturación de la Administración de Justicia, que es un servicio público que pagamos todos, y que no está para velar por los intereses económicos de la industria de los litigios sino para tutelar los derechos de los consumidores”, señala Viladecans Jiménez.