• Durante dos días abogados e inversores internacionales han debatido en Madrid sobre un capitalismo que responda con eficacia y celeridad ante los casos de fraude y ante las negligencias en la gestión

• Los abogados e inversores miembros de Euro Latam Lex (ELLEX), International Financial Litigation Network (IFLN), World Federation of Investors (WFI) y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) proponen a la sociedad los Quince Puntos sobre el Capitalismo Cívico. 

Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera Internacional con competencias transnacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y corrupción. 

En los últimos años hemos sido testigos de escándalos financieros con una gran repercusión mundial que hace necesario, para la defensa de los intereses de las personas físicas o jurídicas afectadas, plantear una actividad litigadora global. Esta litigación internacional requiere una compleja capacidad de información y recursos que hacen particularmente eficaces los instrumentos colaborativos flexibles e internacionales.

Javier Cremades, Presidente de la red de abogados europeos e iberoamericanos Euro Latam Lex (ELLEX) y de la red internacional de abogados litigadores International Financial Litigation Network (IFLN) ha declarado “Tenemos un problema de gobernanza político. El legislador crea fronteras artificiales que perjudican a los consumidores y accionistas y que dificultan las demandas colectivas nacionales e internacionales. Un sistema de “class action” es una herramienta excelente de resolución de conflictos a través de acuerdos entre las partes que beneficia tanto a las grandes empresas como a los inversores y consumidores”.

Durante dos días los abogados e inversores han compartido y debatido las experiencias en sus respectivos países sobre economía colaborativa, crowdfunding, el desarrollo de las empresas de fintech e insurtech, las consecuencias para los inversores, accionistas y el medio ambiente en el caso Volkswagen, los procedimientos de extradición de Ablyazov y otros acusados en Kazajastan por la billonaria estafa del banco BTA, las OPAs transfronterizas en el caso del Banco Portugués de Investimento o la repercusión económica y financiera de la violación del estado de derecho en Venezuela.

Entre los casos españoles el debate se ha centrado en las plantas fotovoltaicas y el cierre del espacio aéreo, lo que permanece del sistema de cajas de ahorros, los conflictos de interés en sociedades cotizadas, como el caso NH – HNA, o los fraudes en los folletos de OPV, como en el caso de BANKIA.

El ex Alcalde de Madrid y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, D. José María Álvarez ha defendido “que las cajas de ahorros todavía cumplen una función y deberían, de alguna manera, existir”.

Ramón Roca, director del diario Periódico Energía denunció que “la industria fotovoltaica española se ha destruido y que los poderes públicos no dan una respuesta a los inversores.”

Lluis Quetglas Servera, cofundador de la empresa de insurtech Sharenjoy manifestó que “en el sector tecnológico, el regulador debería desregular aquellos aspectos que frenan la innovación”.

Tras la aprobación de los quince puntos sobre capitalismo ciudadano, Benita Ferrero-Waldner, ex Comisaria Europea de relaciones exteriores de la UE y socia de Cremades & Calvo-Sotelo ha declarado clausurado el Congreso y ha emplazado a los asistentes e intervinientes a continuar los debates en 2018.