Entre las medidas, organizadas en torno a ocho líneas de acción, destacan la creación de grupos específicos especializados en la lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas.
Otro de los ejes de este nuevo plan es la mejora de la asistencia y apoyo a las víctimas de este tipo de comportamientos delictivos.
Compromiso estratégico
Este diseño estratégico da continuidad al primer plan, aprobado en enero de 2019 y vigente hasta 2021, que fijó 54 medidas que organismos internacionales como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la propia Comisión Europea han valorado como muy positivas, hasta el punto de poner a España como referente y ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra los delitos de odio.
Este segundo plan cumple el compromiso adquirido en la Comisión Extraordinaria de Seguimiento del Primer Plan de Acción, celebrada el 10 de septiembre de 2021 bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha elaborado de la misma forma en que se realizó el primero, con la participación y aportaciones de todos los cuerpos policiales, estatales y autonómicos, de la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y la Discriminación y las organizaciones sociales especializadas en la materia.
Las ocho líneas de acción que articulan este segundo plan tienen a la víctima del delito de odio como eje prioritario. El diseño estratégico busca mejorar la calidad de atención, asistencia y apoyo que reciben, pero también potenciar la prevención de cualquiera de los delitos de odio y articular una correcta respuesta policial a los mismos.
Estas líneas de acción son las siguientes:
- Línea de acción 1: mejorar la asistencia y apoyo a las víctimas de los delitos de odio mediante el desarrollo de herramientas específicas y el refuerzo de los servicios de asesoramiento.
- Línea de acción 2: mejora de los mecanismos de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con otras instituciones públicas y privadas especializadas en la materia.
- Línea de acción 3: prevenir la comisión de cualquier ilícito penal relacionado con los delitos de odio mediante el desarrollo de herramientas que coadyuven a la mejora de la efectividad de las investigaciones.
- Línea de acción 4: creación de grupos de lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas.
- Línea de acción 5: impulso de la formación, sensibilización y concienciación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra los delitos de odio.
- Línea de acción 6: incentivar la participación, la colaboración y las actividades con las organizaciones del tercer sector encaminadas hacia la mejora constante en la lucha contra los delitos de odio.
- Línea de acción 7: incremento de los conocimientos, herramientas e instrumentos con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra los delitos de odio.
- Línea de acción 8: ampliación de los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior.
Dotación económica
Los recursos económicos asociados al desarrollo de este II Plan de Acción y la ejecución de las medidas contempladas en cada línea de acción durante el período 2022 a 2024 ascienden a un total de 1.073.425 euros. Destaca la partida de 284.575 euros destinada a la mejora de la asistencia y apoyo a las víctimas de los delitos de odio, así como los 277.210 euros que se invertirán en el desarrollo de herramientas que aumenten la eficacia de la investigación policial.
El plan comenzará a ejecutarse el 13 de abril. Las medidas que incluye son de obligado cumplimiento para la Policía Nacional y la Guardia Civil y, en el marco de los acuerdos alcanzados en las diferentes juntas de seguridad autonómicas y locales, Interior promoverá la participación de los diferentes cuerpos policiales integrados en esas instituciones.
En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6 por ciento. Desde 2014, primer año en que se empezaron a registrar los delitos de odio en estadística propia, 11.811 casos han sido objeto de investigación policial.
Por categorías o modalidades, tres figuras ocupan, y con diferencia, los primeros lugares de la tipología de los delitos de odio: los relacionados o derivados de conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6 por ciento del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477 en 2021, el 26,5 por ciento) y, en tercer lugar, los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336 el pasado año, el 18,6 por ciento).
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