Los delitos económicos y las estafas online están en auge. La venta de productos falsos que nunca llegan al comprador o inversiones en productos financieros ficticios disparan la hiperespecialización de los despachos de abogados en este tipo delictivo.
Sin embargo, es cierto que los procesos penales se instrumentalizan en no pocos casos, optando por la vía penal para resolver una controversia que debiera de discutirse por lo civil, al estar ante un incumplimiento de las condiciones acordadas en el contrato.
Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid Sección Primera, aceptando el recurso de apelación directo interpuesto por los abogados penalistas del investigado contra la decisión del juez Instructor que decidía enviar al juicio oral a este diseñador de páginas web. La sala aceptó los argumentos de los abogados de la defensa, evitando así la “pena de banquillo” para su cliente. De esta forma, se ha acordado el archivo y sobreseimiento de la causa seguida por un delito de estafa durante más de dos años por la que la acusación particular pedía 3 años de prisión y una indemnización que ascendía a más de 20 mil euros.
Los hechos se remontan a una denuncia interpuesta por un cliente insatisfecho. Hace años, el denunciante contrató los servicios informáticos del investigado para el diseño de una página web por un valor de 30 mil euros. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto, el denunciante solicitó diferentes modificaciones relativas al diseño y funciones de la página web, por lo que el proveedor del servicio solicitó un nuevo pago por cambio de las condiciones, negándose el interesado a abonarlas.
Ante estos hechos, el usuario de la web decidió denunciar a su proveedor por un delito de estafa. Refiriendo que había sido “engañado” por el diseñador, quien a su juicio era un delincuente que le había mentido con un servicio que no había disfrutado y por el que “le había quitado ya más de 20 mil euros”.
Citado el diseñador web en calidad de investigado, el abogado que tenía entonces le recomendó no contestar y no esclarecer lo realmente sucedido. Este error supuso que el juez Instructor, tras la practica de las diligencias necesarias, determinase que sí existía un presunto delito de estafa, ya que entendía que la disposición económica al denunciante había sido fruto de un error, y que todos los servicios de la web eran un burdo engaño. Por ello, dictó el auto de Procedimiento Abreviado, paso previo para recibir el escrito de acusación y la apertura del juicio oral.
Sin embargo, el denunciado decidió cambiar de abogado para recurrir el auto de Procedimiento Abreviado en apelación directa ante la Audiencia Provincial. En este caso, asesorado nuevamente, se le aconsejó demostrar, sin tesituras, la verdad, aportando toda la documental que acreditara que el negocio online era real y que estábamos ante un mero incumplimiento civil que debiera de ser resuelto en esta vía y no en la penal.
El denunciado contrató para esta apelación al despacho de abogados penalista Ospina Abogados y a su equipo de penalistas Juan Gonzalo Ospina (Juango) y Beatriz Uriarte, quienes, efectivamente, recurrieron el auto que ponía fin a la fase de investigación.
Los penalistas argumentaron que su cliente había actuado conforme a derecho, que el auto recurrido obviaba el negocio real que vinculaba a las partes, pues estábamos ante discusiones contractuales que han de quedarse fuera de la esfera penal, por lo que no se podía enviar a un ciudadano al juicio oral si no existían indicios racionales de criminalidad; debiéndose evitar la pena de banquillo (sentar a alguien en el juicio oral cuando se entiende que quedará inocente).
A preguntas de este diario, Ospina ha referido que se encuentran “muy satisfechos con esta resolución que evitará sentar en el juicio oral a un inocente. Sin embargo, es triste que algunos compañeros utilicen la vía penal como mecanismo de presión cuando lo más oportuno ante el incumplimiento hubiera sido ir por la vía civil”.
*Ospina Abogados es un despacho penalista ubicado en Madrid especializado en delitos contra el patrimonio. Premio 2019 al mejor despacho penalista en delitos económicos Iberian Lawyer ’40 under Forty’ y BestLawyers en 2020.
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