Madrid, 19 dic (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por la que se aumentan del 35 al 40 por ciento las deducciones y de 150 a 250 euros la cuantía de los micromecenazgos.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado los acuerdos adoptados por el Ejecutivo y las medidas contenidas en un Real Decreto ley con el que se cumple con el Plan de Recuperación para acceder a los fondos de la UE y que tiene como uno de sus objetivos fomentar la práctica del mecenazgo en todos los sectores económicos.

La Ley del Mecenazgo fue uno de los proyectos que decayó al final de la pasada legislatura por la disolución de las Cortes debido a la convocatoria de elecciones, aunque contaba con un acuerdo para su aprobación.

Con esta reforma de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se quiere potenciar figuras como el micromecenazgo o la donación continuada y aumentar la participación de inversiones privadas.

Para ello se incrementan los incentivos fiscales al mecenazgo, tanto si es efectuado por personas físicas, como por personas jurídicas.

En el caso de las personas físicas, se eleva del actual 35% al 40% el porcentaje de deducción aplicable con carácter general, al igual que el de las personas jurídicas.

También serán necesarios menos años para una mejora en la deducción, de tal forma que ya sea para donaciones de personas físicas jurídicas, se reduce de 4 a 3 años el número de ejercicios en los que tiene que hacer donativos a una misma entidad para acceder a un incremento extra del porcentaje de deducción (5 puntos más para las personas físicas, que alcanzaría el 45 %; y 10 puntos más para las jurídicas, que alcanzaría el 50 %).

Y se incrementan así mismo de 150 a 250 euros la cuantía de los micromecenazgos.

Entre las modificaciones también se encuentra la actualización de la lista de actividades económicas que pueden gozar de la exención en sociedades.

En concreto, se incorporan las acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social o las actividades de educación de altas capacidades, entre otras.