A escasas horas de la votación en el Congreso de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, la actualidad jurídica se situaba a primera hora del martes en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, donde el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, impartía una conferencia sobre el papel que desempeñarán las instituciones europeas tras la aprobación de la futura norma.
Con la mirada puesta en Europa, cerca de un centenar de juristas han asistido en Serrano 9 al Foro Justicia del ICAM, cuyo decano, Eugenio Ribón, ha reiterado el posicionamiento de la corporación madrileña ante cualquier iniciativa que ponga en peligro la separación de poderes que consagra el Estado de derecho. “Esta institución siempre ha operado y operará de manera vigilante sobre la evolución de procesos legislativos que han ido, o que van, en contra de este entendimiento, con total independencia de quién, o qué partido político las proponga”, ha asegurado.
Desde la más “absoluta neutralidad política”, y con el “orgullo de pertenecer a una institución que, entre sus fines, tiene el mandato de defender el Estado de Derecho”, el decano ha demandado a la clase política actuar con la responsabilidad que exigen “nuestro sistema democrático, nuestra Constitución y los tratados de la Unión que ha ratificado nuestro país a lo largo de su historia”.
Respecto al papel de las instituciones europeas, Ribón ha destacado la experiencia de la UE a la hora de afrontar actuaciones que pueden llegar a ser un peligro para el Estado de Derecho de los estados miembros y, por tanto, de la Unión en su conjunto, afectando al ordenamiento jurídico de la UE. Así, ha ensalzado los esfuerzos realizados por la Comisión para adoptar medidas preventivas y proactivas que refuercen el Estado de derecho en Europa, y que se han traducido, entre otras acciones, en un informe anual en cuya elaboración participa el Colegio madrileño desde el año pasado.
Además, el decano se ha referido a la amplia jurisprudencia acumulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias como la de 24 de junio de 2019, que declaró que la reducción arbitraria de la edad de jubilación de los jueces es contraria al Derecho de la UE al violar los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial. O en el histórico fallo del 16 febrero de 2022, en el que se aprobó el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a la financiación de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho.
Claves de la respuesta europea
Una jurisprudencia de la que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo extrae tres claves fundamentales. En primer lugar, “se avanza de forma decisiva hacia la protección europea del Estado de derecho al afirmar que, conforme al derecho de la Unión debe garantizarse la independencia de los tribunales frente a los poderes legislativo y ejecutivo”.
Asimismo, “se establece que esta garantía implica que los jueces estén protegidos frente a las intervenciones o presiones directas, pero también frente a formas de influencia indirecta que pudieran orientar las decisiones de los magistrados, un dique que por desgracia en España ya se ha roto”.
Finalmente, “se consolida la cuestión prejudicial como herramienta admisible para los jueces nacionales cuya independencia se encuentre amenazada por los poderes ejecutivo o legislativo”.
Para Adrián Vázquez, estas son las bases a tener en cuenta de cara al camino que podrá recorrer la Ley de amnistía en Europa: en primer lugar, “porque los jueces y tribunales que tendrán que aplicarla disponen de una vía clara para buscar amparo ante el TJUE en caso de que identifiquen que la norma socava el estado de derecho y su independencia”. Y en segundo, “porque priva a los jueces y tribunales de ejercer lo más básico de su independencia, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
Y aunque el europarlamentario español prevé una avalancha de cuestiones prejudiciales y confía en la respuesta europea –“ya hemos estado aquí y ya sabemos cómo pararlo”-, también ha advertido de los efectos en ocasiones irreversibles que determinadas iniciativas legislativas infligen en el marco de derechos y libertades de una sociedad democrática. “La ley de amnistía es uno de esos daños de gran magnitud, que se suma a otros como la reforma a la carta del código penal. Es por tanto la responsabilidad de todos, en especial de los operadores jurídicos, también de los profesionales de la abogacía, ser conscientes de este riesgo, implicándose y comprometiéndose para evitar que se materialice. Todos podemos sumar para parar esto, y abril es la fecha límite”, ha concluido.
Por parte de la abogacía madrileña, el decano ha recordado los pasos dados por el Colegio desde que la publicación del pacto de investidura en que se contemplaba la elaboración de una Ley de amnistía, que iniciaron con una declaración institucional de Junta de Gobierno criticando de forma taxativa el uso del término lawfare y la creación de comisiones parlamentarias para fiscalizar la actuación jurisdiccional, recabando la adhesión generalizada del sector legal.
Además, con el debate de hoy son tres las sesiones de alto nivel organizadas por la Corporación madrileña para analizar el encaje jurídico de la Ley de amnistía desde la perspectiva del derecho constitucional, administrativo o europeo.
Ante la aprobación inminente por el Congreso de la proposición de Ley de amnistía, la Junta de Gobierno se reunirá este martes de forma telemática para decidir los próximos pasos a seguir.
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