El año 2023 nos traerá un sensible frenazo en el ritmo de crecimiento de la economía española -que aumentará un 1,1%-, y una suave mejoría en la evolución de los precios, que podrían situarse en el 4% en junio próximo. Así lo consideran los expertos y directivos del Consenso Económico y Empresarial de PwC, correspondiente al cuarto trimestre del año. De esta forma, España no recuperará en 2023 el producto interior bruto que tenía antes de la pandemia. El informe, que elabora la firma desde 1999, a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos, está dedicado, en esta ocasión, a El reto de la inflación.

Los panelistas -el 51,3%- califican como regular el momento coyuntural de la economía española, y sus posiciones se vuelven más pesimistas cuando se les pregunta por el primer trimestre del próximo año: el 71,8% asegura que irá a peor. En consecuencia, sus estimaciones sobre el crecimiento medio de la actividad se rebajan respecto a nuestro informe anterior: ligeramente para 2022 -del 4% al 3,9%-, y sensiblemente para 2023 -del 3% al 1,1%-. Estas últimas se sitúan por debajo de las previsiones del Banco de España -del 1,4%-, del Fondo Monetario Internacional, del 1,2%, y del propio Gobierno -2,1%-.

La ralentización de la actividad económica vendrá dada, principalmente, por la caída de la demanda de las familias, tanto de consumo como, especialmente, de la compra de vivienda. El 59,3% de los panelistas asegura que la situación económica de las familias es regular y el 70,3% prevé que vaya a peor en el primer trimestre del próximo año. De hecho, el 74,6% espera que en los próximos seis meses el consumo disminuya, y el 85,6% que suceda lo mismo con la compra de vivienda, probablemente, por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas.

En cuanto a las empresas, su situación económica y financiera es calificada como regular por el 70,1% de los expertos y directivos encuestados que, además, esperan que se vaya deteriorando en el corto plazo. De cara a los próximos seis meses, el 67,8% prevé una disminución de la inversión productiva de las empresas y el 75,4%, de la creación de empleo. No obstante, su mejor situación relativa en comparación con la de las familias se sustenta en la evolución de las exportaciones: el 47,5% afirma que seguirán estables, al menos, hasta mediados de 2023. Una situación que se está viendo beneficiada por la depreciación del euro frente al dólar.

Menos tensiones en los precios

Las tensiones inflacionistas empiezan a remitir (en octubre el IPC subió un 7,3%, frente al 8,9 de septiembre, y 3,5 puntos porcentuales menos que en julio) y los resultados de la encuesta son congruentes con esta tendencia. Cae -del 63,4% al 58,4%-, el porcentaje de los panelistas que consideran que sus empresas o las de su sector de actividad seguirán aumentando los precios en los próximos meses, principalmente, por el incremento de otros costes, más allá de los salariales. Y aumentan en cinco puntos, hasta el 40,6% los que piensan que los mantendrán estables como consecuencia, en este caso, del estancamiento de la demanda. Todo ello se traduce en una mejora de la previsión de inflación para 2022, respecto al consenso anterior, del 6,6% al 5,5%, y unas estimaciones que sitúan el crecimiento de los precios en junio de 2023 en el 4%.

El reto de la inflación

La edición del Consenso Económico, correspondiente al cuarto trimestre del año, dedica su monográfico a conocer en profundidad la opinión de los expertos, empresarios y directivos españoles sobre El reto de la inflación en la UE y en España.

En el caso de la eurozona, el 64,4% de los expertos consideran que estamos en un contexto inflacionista no visto desde la década de los setenta, que trasciende la labor del BCE, y piden que se aceleren las medidas en el seno de la UE. Además, el 52,9% advierten de que el BCE tendría que ajustar las subidas de los tipos de interés a la evolución de la coyuntura económica y sólo el 25,2% cree que debería acelerar el endurecimiento de la política monetaria, ante la negativa evolución de la inflación subyacente y por los mayores riesgos de los efectos de segunda ronda.

A corto plazo, el 49,1% de los panelistas esperan que los precios de la zona euro sigan en niveles elevados, en torno al 6%, al considerar que la resolución de la crisis energética llevará años, aunque un 37,1% no descarta que la recesión económica pueda dar lugar a una desaceleración mayor.

Cuando se les interroga por el tipo de acciones que se podrían llevar a cabo para combatir la inflación, los panelistas -el 85,7%-, apuestan por un mix que incluye reformas estructurales y políticas de oferta que impulsen la innovación y la productividad, y abogan -el 64,7%- por impulsar el diálogo con las empresas para saber qué medidas pueden contribuir a reducir su exposición al repunte generalizado de los costes de producción.  

Los expertos no tienen una opinión clara sobre cuál sería la evolución de los precios en Europa en el caso de que nos encontráramos en un escenario marcado por el fin de la guerra en Ucrania. El 39,8% cree que entraremos en una nueva fase marcada por las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales; el 31,4% espera que continúen igual ante la moderación del proceso de globalización económica y de transición, y un porcentaje idéntico que las reformas estructurales, el éxito de la política monetaria y fiscal, la digitalización y la eficiencia energética favorezcan el control de los precios. Eso sí, solo un 11% cree que, una vez finalizada la guerra, la inflación retomará la senda previa a la pandemia.  

Si ponemos la lupa sobre España, el 71% de los expertos, directivos y empresarios entrevistados considera que todavía es demasiado pronto para saber si el aumento de la inflación en nuestro país adquirirá un mayor carácter estructural. Y cuando se les pregunta sobre cuáles son los factores que más les preocupan de cara a la evolución futura del IPC destacan, en primer lugar, el incremento de los precios de la energía y, en segundo, la subida de los costes salariales.   

En cuanto al efecto que pueden tener los Presupuestos Generales de 2023 sobre la evolución de los precios, el 68,1% cree que el repunte de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales añaden nuevos costes a las empresas y, en consecuencia, sobre la inflación. Y un 73,3% echan de menos que las cuentas públicas no estén acompañadas de un plan de consolidación fiscal.