El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford han entregado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados el informe “Breve guía para contribuir a la reconstrucción y recuperación verde tras la crisis de la COVID-19 en España” [1], con la que propone una serie de medidas para que la recuperación sea sostenible en los tres ámbitos de la sostenibilidad: el medio ambiente y la economía y sociedad española, dentro del contexto de la Unión Europea (UE). La propuesta ha sido entregada a los miembros de dicha Comisión.
En este informe, ambas instituciones expresan que la crisis actual ha puesto en evidencia debilidades en la economía española, pero al mismo tiempo presenta oportunidades para una recuperación verde y socialmente responsable, en consonancia con las propuestas por la Comisión Europea y alineada con el Pacto Verde de la Unión Europea (UE). Para ello, plantean una serie de recomendaciones sobre el desarrollo de una política industrial ‘verde’ inteligente, inversiones directas, medidas de innovación financiera y de gobernanza.
En diagnóstico, comparten que existen ya una serie de políticas que es necesario impulsar, como la proyección de más inversión en I+D+I post-Covid enfocadas a las PYMES, pero sin duda destaca el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y las medidas ya anunciadas, como el Plan de ayuda al sector del automóvil, que debe tener como pilar el coche eléctrico.
Sugieren a la Comisión centrarse en abordar la desigualdad así como en apoyar inversiones urgentes relacionadas con la transformación digital y la transición ecológica. La UE propone un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, con énfasis en conseguir una Europa más justa y resiliente para las próximas generaciones, invirtiendo 750 mil millones de euros para lograrlo. España tiene un gran potencial para aprovechar dichos fondos de la UE, los cuales serían muy beneficiosos para el país. La adopción de medidas propuestas posicionaría a España en un lugar preferente para acceder a los mismos.
Asimismo, se plantea tener en cuenta la importancia de invertir en proyectos que generen beneficios a largo plazo para la economía y el medio ambiente, como son en I+D+I de las energías renovables y la infraestructura, en concreto la modernización de edificios y otras para apoyo de la transición energética. También destacan políticas fiscales verdes para industrias con crecimiento bajo en emisiones contaminantes, impulso a modelos innovadores de movilidad sostenible, además de la coordinación entre los tres niveles de administración para tener una visión compartida, así como la participación de empresas, sindicatos y sociedad civil en consultas públicas sobre temas climáticos.
El informe señala otras medidas no verdes que son de interés y habría que tomarlas también en cuenta, destacando necesidad de invertir en el sector de la salud, sobretodo después de las lecciones aprendidas de la COVID-19. Esas inversiones tienen un multiplicador alto, un efecto rápido y un impacto medioambiental neutro. Además, subraya que un sistema sanitario preparado puede ayudar a paliar los efectos económicos de una crisis sanitaria.
Políticas industriales verdes
Entre las recomendaciones destaca el desarrollo de una política industrial verde e inteligente, la renovación del sector automovilístico, la I+D+I de energía renovable, y la rehabilitación de los edificios y la infraestructura física necesaria para la transición energética. También recomienda invertir en la formación y mejora de capacidad laboral en las industrias verdes para facilitar la transición laboral en las industrias en declive. En suma, se plantea que las políticas verdes sean las que creen empleo rápidamente y que también tengan beneficios a largo plazo para la economía y el medio ambiente.
En este apartado destaca que la digitalización es clave en la reconstrucción, algo que ya se fortaleció durante la crisis sanitaria tanto por el comercio online, como el teletrabajo y el uso masivo de las redes sociales. Este informe destaca también que la digitalización puede favorecer nuevos proyectos ‘verdes’ en zonas que se estaban despoblando, debido a la ausencia de infraestructura y oportunidades de empleo. Este tipo de políticas pueden ser una solución para el problema de la ‘España vaciada’ y conformarían una transformación necesaria para una transición justa.
Reforma fiscal ‘verde´
Un tema fundamental y urgente es la introducción sistemática de impuestos medioambientales. Aunque no es el enfoque del informe, los autores reconocen que es el momento oportuno para acometer una reforma fiscal, tan retrasada, que aplique el principio de “quien contamina, paga” sobre todo para promover la eficiencia económica y financiar la inversión necesaria para la reconstrucción del país.
Banco Nacional de Inversiones Verdes
Sobre innovación financiera, IIDMA y la SSEE de la Universidad de Oxford recomiendan establecer un Banco Nacional de Inversiones Verdes con el objetivo de identificar y desarrollar demanda para el financiamiento de los proyectos ‘neto cero’.
Se plantea aprovechar los fondos de la UE para atraer la inversión privada, lo que se puede hacer por ejemplo con dirigir capital concesional a productos y servicios bajos en carbono, como el hidrogeno verde basado en el uso de energías renovables y promover modelos comerciales y financieros para la movilidad sostenible, con una ruta clara para la eliminación de subsidios públicos. Además se propone emplear contratos públicos a largo plazo con condiciones flexibles para la contratación de servicios de transporte verdes al nivel municipal.
Comité de Cambio Climático: decisiones basadas en la ciencia
En materia de gobernanza, las propuestas consisten en reforzar la coordinación entre los niveles estatal, autonómico y municipal para lograr una estrategia climática efectiva a través de mecanismos previstos en la legislación vigente; así como las consultas entre estos agentes, y las empresas, los sindicatos y otros elementos de la sociedad civil. Destaca la propuesta de IIDMA para reforzar en el mismo texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética la figura del Comité de Cambio Climático y Transición Energética en la, que funja como órgano científico asesor independiente en esta materia. Este tipo de órganos es fundamental para adoptar de decisiones basadas en la ciencia, y que por su naturaleza jurídica emita informes, estudios y dictámenes que se tengan en consideración. Además, se sugiere establecer centros de innovación especializados con apoyo del gobierno enfocados en movilidad sostenible; turismo sostenible; digitalización; sistemas energéticos renovables; industrias de materias básicas; y la economía circular.
[1] Los autores son Ana Barreira (ana.barreira@iidma.org), Lore M. Purroy Sánchez (lore.purroy@gtc.ox.ac.uk), Alex Clark (alex.clark@smithschool.ox.ac.uk), Brian O’Callaghan (brian.ocallaghan@smithschool.ox.ac.uk), Prof. Cameron Hepburn (cameron.hepburn@smithschool.ox.ac.uk) y Dr. David Robinson (david@davidrobinsonassociates.com).
No hay comentarios.