Imane Rachidi

La Haya, 14 feb (EFE).- Una treintena de países han firmado este miércoles en La Haya una nueva Convención sobre la cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y otros crímenes internacionales, así como la extradición de posibles sospechosos.

La firma se llevó a cabo en una ceremonia en el Palacio de la Paz de La Haya, que es también sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU. El tratado lleva oficialmente el nombre de “Convención Liubliana-La Haya” y cuenta de momento con la firma de 32 países, pero se espera que esta cifra aumente porque 68 Estados acordaron el texto.

Entre los firmantes, están los países de la Unión Europea (UE), Ucrania y Reino Unido, mientras que otros, como Estados Unidos, Rusia y China no participan en el convenio.

"La lucha contra la impunidad es esencial para la paz, la estabilidad, la justicia y el Estado de derecho", dice el tratado, que tiene como objetivo que los crímenes internacionales no queden impunes y que, en base a este convenio, la cooperación entre países sea más fácil a la hora de llevar a cabo investigaciones, juicios y la extradición de los sospechosos.

“Sin este nuevo tratado, a menudo era complicado llevar a sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra ante un tribunal nacional. En estos tipos de crímenes, los sospechosos, víctimas y pruebas a menudo están dispersos en diferentes países. La cooperación internacional es desesperadamente necesaria para llevar estos casos ante un tribunal nacional. El marco legal actual para esto es incompleto y parcialmente obsoleto”, señaló el Gobierno neerlandés, anfitrión de la ceremonia de hoy.

Es el primer tratado internacional importante en el campo del derecho penal internacional adoptado después del Estatuto de Roma de 1998, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), situada también en La Haya, y que cuenta con 124 miembros.

El secretario de Estado neerlandés Eric van der Burg subrayó que este tratado es más eficaz que los acuerdos actuales sobre asistencia jurídica y extradiciones, porque estos estaban “incompletos y obsoletos”, aunque recordó que la responsabilidad de procesar a los perpetradores de los crímenes sigue estando en manos de los tribunales nacionales.

Este tratado es, por tanto, una especie de “caja de herramientas prácticas” para las autoridades nacionales y también complementa el trabajo de la justicia internacional, en palabras de la argentina Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la CPI.

El Gobierno neerlandés lleva años abogando por una nueva convención de este tipo y, en noviembre de 2011, junto a Bélgica y Eslovenia, tomó la iniciativa de crear el tratado, al constar la existencia de un vacío en la asistencia legal mutua y la extradición entre Estados en materia de juicios por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En mayo del año pasado, el tratado multilateral fue adoptado en Liubliana para proporcionar mecanismos de cooperación interestatal para la investigación de los crímenes internacionales más graves. Un grupo de 300 expertos jurídicos de 71 países se reunieron durante semanas para redactar el documento.

El texto tiene acuerdos concretos sobre la colaboración, y define en siete capítulos las autoridades centrales y las reglas para la cooperación en lo que respecto a las víctimas, testigos, expertos, la asistencia judicial internacional, la extradición, el traslado de condenados o los procedimientos para la solución de las controversias.

“El tratado también implica obligaciones de hacer punibles bajo la ley nacional los crímenes internacionales relevantes y de enjuiciarlos realmente. No solo será importante para facilitar la cooperación entre Estados, sino que también ayudará a prevenir que los perpetradores de estos crímenes encuentren refugios seguros”, advirtió el Ejecutivo neerlandés.

Desde el 19 de febrero, el tratado estará abierto para firma en Bruselas durante otro año, y entrará en vigor después de que los primeros tres países lo hayan ratificado