Madrid, 16 feb (EFECOM).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley que protege a las personas que denuncien actuaciones corruptas en el seno de empresas y administraciones públicas.

La cámara baja ha dado luz verde por mayoría a la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, después de aprobar las enmiendas introducidas por el Senado, en su mayoría de carácter técnico, con los votos en contra de PP y Vox.

En el debate parlamentario previo a la votación el diputado del PSOE Francisco Aranda ha lamentado que las derechas hayan rechazado una norma "ideal para concitar el acuerdo" en el Congreso y ha acusado al PP de salir "siempre en primer plano en la foto de la corrupción" pero no querer "salir en la foto contra la corrupción".

Unidas Podemos ha celebrado "un logro del Gobierno de coalición", en palabras del diputado Roberto Uriarte, que, no obstante, ha pedido perdón a quienes hasta ahora "han puesto sus cuerpos por delante para luchar contra la corrupción y el abuso" sin una ley específica que les amparara.

Por su parte, Jesús Postigo, del PP, ha defendido el rechazo de su grupo a un texto que, a su parecer, "no cumple con las expectativas que esta lacra exige" y ha criticado la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo y complementario al que deberá tener cada institución, pues lo considera un "chiringuito" y un retraso en la aplicación de la norma.

Vox también ha votado en contra, pues considera que la ley tiene una "finalidad perversa" y supondrá la presencia de "la policía del pensamiento vestida de paisano dentro de cada empresa, partido, fundación o administración", según ha expresado el diputado Eduardo Luis Ruiz.

Otros miembros de partidos como Ciudadanos y ERC han dado su apoyo al texto, pero han lamentado que no se hayan introducido algunas enmiendas sugeridas por organizaciones nacionales e internacionales que alertaban de "graves deficiencias".

Con la aprobación de la norma habrá sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción.

También será obligatorio que existan sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de cincuenta trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

La confidencialidad de los denunciantes estará garantizada tanto si se informa por estos canales como si se hace a través de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La ley supone la transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019.