Whistleblower Software, empresa nórdica de LegalTech, líder en el sector de la denuncia de irregularidades, y Garrigues, firma internacional de servicios jurídicos que asesora a nivel local y global desde todos los ángulos del derecho de los negocios; impartirán un webinar gratuito el próximo jueves 30 de marzo de 10: 00H a 11:00H am CEST, en el marco de la nueva Ley de Protección de Denunciantes (Ley Whistleblowing), para explicar los aspectos más relevantes de esta nueva Ley, sus implicaciones para las empresas en España y cómo cumplirla implantando un canal de denuncias.
A cargo de Álvaro Blanco, country manager de Whistleblower Software España e Ignacio Esteban Ros, socio del Departamento Laboral de Garrigues, la sesión formativa explicará los aspectos más importantes de la nueva ley, permitirá conocer mejor la legislación relacionada con la denuncia de irregularidades, informará sobre los requisitos y plazos legales, las consecuencias del incumplimiento de la normativa y servirá de guía sobre cómo implantar un canal de denuncias de forma sencilla y conforme a la normativa.
"La implicación de esta nueva legislación abre un sinfín de oportunidades para las empresas españolas, con especial atención a la lucha contra la corrupción y la transparencia. Esta formación online proporcionará una comprensión mucho mejor de los puntos principales de esta nueva ley, de su aplicación y dará una visión más amplia de los próximos pasos", afirma Álvaro Blanco, country manager de Whistleblower Software España.
"El interés por entender la legislación de protección al Informante está creciendo rápidamente en España. Este evento dará a las empresas una visión de la información más importante a tener en cuenta para cumplir con la ley", Ignacio Esteban Ros, socio del Departamento Laboral de Garrigues.
La fecha límite para la implantación de los canales de información que impone esta nueva norma será el 13 de junio de 2023 para las entidades del sector público, salvo los municipios de menos de 10.000 habitantes, para las personas jurídicas del sector privado con 250 o más empleados y para los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por ellos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Y será a partir del 1 de diciembre de 2023 para las personas jurídicas del sector privado con entre 50 y 249 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes, tal y como se explica en la Ley aprobada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Y donde se establecen multas que van desde los 1.001 euros hasta los 1.000.000 de euros.
Para participar en el seminario web del jueves 30 de marzo a las 10.00 horas, puede inscribirse en el siguiente enlace
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