Madrid, 13 mar (EFE).- Este lunes ha entrado en vigor la ley que protegerá a las personas que informen sobre casos de corrupción e infracciones en sus empresas o en la administración, con sanciones que pueden llegar al millón de euros para quienes tomen represalias contra estos denunciantes.

La ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción supone la adaptación o transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019.

La mayoría del Pleno del Congreso aprobó definitivamente el texto el pasado 16 de febrero, tras la introducción de algunas enmiendas de carácter técnico en el Senado, con los votos en contra de PP y Vox.

Con la entrada en vigor de la norma habrá sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción.

También será obligatorio que existan sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de 50 trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

Además, fija la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo y complementario al de cada institución, mediante el que cualquier persona podrá presentar denuncias anónimas.

La confidencialidad de los denunciantes es una de las garantías de esta nueva norma.