En estos términos se expresó el Fiscal el lunes 4 de abril durante la celebración de la Jornada “Compliance Anticorrupción: impacto social, regulatorio y reputacional” en el Centro Superior de Estudios de Gestión (CSEG) de la Universidad  Complutense de Madrid, dando así por inaugurado el segundo Curso Oficial para Compliance Officers organizado por CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) y la Complutense. 

En ella intervinieron Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos de A Coruña de la Fiscalía General del Estado; Arantxa Lorenzo, Responsable de Comunicación y Analista de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact); María Hernández, Socia de Compliance de Eversheds Nicea y vocal de la Junta Directiva de Cumplen y José Manuel Ruano, Director del CSEG.

El Fiscal, uno de los grandes referentes en materia de Compliance, comenzó su intervención destacando algunos antecedentes históricos en el ámbito del Derecho Penal y analizó someramente las reformas legales que se han aprobado desde 1985 para perseguir la delincuencia de las personas jurídicas. Frago Amada hizo especial hincapié en que el Tribunal Supremo ya ha emitido en los últimos seis meses los primeros pronunciamientos judiciales condenando o absolviendo por la comisión de un delito a personas jurídicas.

El Fiscal subrayó la importancia de la regulación de la materia en el ámbito internacional y apuntó que “el Derecho Penal es cada vez más transnacional como pone de manifiesto la utilización de sociedades pantalla para defraudar en un país u otro”. Asimismo, expuso las distintas fases que tienen lugar para la comisión de los delitos económicos contra la Administración o la empresa y cómo perseguirlos.

En cuanto al papel que está desempeñando la UE en la persecución de los delitos económicos, el Fiscal destacó que “la UE a través de los principios de Asset Recovery se está enfocando cada vez más en la recuperación de los efectos económicos del delito y no sólo en su sanción penal. Además ha conseguido su transposición al Código Penal español y a otras normas del ordenamiento jurídico como por ejemplo la Ley General Tributaria”.

Durante la jornada, organizada por Eduardo Navarro, Subdirector del Curso y Responsable de Cumplimiento de Corporación Empresarial Pascual, el Fiscal destacó cuáles son los problemas reales para perseguir la corrupción y por qué no se está atajando en España. Además, enumeró las diferentes cuestiones que están afectando a los Juzgados y Tribunales para luchar contra la corrupción como “el eterno problema de la dirección de la instrucción y la necesidad de limitar los plazos de la misma, la problemática de los jueces mixtos, la necesidad de la especialización y formación de la Fiscalía en materia de anticorrupción, el problema no resuelto de la Policía Judicial y la falta de regulación procesal para la persona jurídica en muchos aspectos (principio de oportunidad, conformidades, juicio rápido, etc.)”.

Tras la intervención del Fiscal, Arantxa Lorenzo aportó su experiencia como profesional de la Responsabilidad Social Empresarial de Naciones Unidas y manifestó la importancia del rol que juegan las empresas para poder cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible afirmando que “Global Compact y la ONU consideraron que si no se involucraba al sector privado no se podrían conseguir estos objetivos”. Uno de los objetivos es la lucha contra la corrupción y Lorenzo aseveró que “es un objetivo transversal y recurrente”. En la actualidad hay más de 2.600 empresas adheridas a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

La clausura correspondió a María Hernández con una intervención orientada a la importancia de la figura del Compliance Officer y al papel fundamental de los programas de cumplimiento normativo en las empresas. “El entorno internacional afecta más de lo que creemos a la normativa para perseguir la corrupción”, concluyó. Una vez finalizó la jornada, se procedió a la entrega de Diplomas a los alumnos del primer Curso Oficial para Compliance Officers.