Un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección del Informante que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un canal de denuncias, los ámbitos más denunciados son la competencia desleal por parte de empleados deshonestos y la apropiación indebida de activos por asignación fraudulenta de pedidos de compra.

El pasado 13 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Protección del Informante que obliga a todas las empresas de 50 o más trabajadores a contar con un canal de denuncias sobre posibles infracciones. Durante este primer mes Winterman, consultora especializada en evaluación y gestión de riesgos empresariales que ha implantado más de 70 canales y gestiona posteriormente las denuncias, ha detectado cuáles son las problemáticas más habituales.

Aunque son pocos los meses que han transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, Winterman lleva más de un año gestionando canales de denuncia y realizando investigaciones internas cuando las empresas detectan irregularidades y potenciales incumplimientos.

El porcentaje más elevado de las denuncias recibidas están relacionadas con la corrupción y el conflicto de interés. Empleados que montan empresas de la misma actividad que sus empleadores para ir desviando clientes hasta que consolidan ilícitamente la continuidad y en ese momento crean situaciones laborales insostenibles para forzar despidos y así acabar de capitalizar la nueva empresa.

Seguidamente se encuentran aquellas que hacen referencia a los actos de corrupción de responsables de departamentos de compras. En estos casos, empleados con gran capacidad de aprovisionamiento crean empresas interpuestas a las que asignan los pedidos con un importante sobrecoste actuando solo como intermediarios.  También son habituales las denuncias sobre robo de información confidencial y acoso.

La Directiva Whistleblowing entró en vigor en diciembre de 2021 pero España no ha tenido la normativa adaptada hasta ahora. En este sentido, Enric Vilamajó, CEO de Winterman, afirma que: "las empresas han tenido margen para poner en marcha el canal de denuncias, que es una obligación. El reto ahora no es la implantación si no la gestión de estos canales de denuncia que deben garantizar confidencialidad, ausencia de represalias, accesibilidad y facilidad de uso, formación a los empleados sobre el uso del canal, derecho del informador a saber los resultados de su denuncia y conservar los documentos. Además, los procesos abiertos mediante el canal de denuncia tendrán un plazo máximo de resolución”.

Según datos del INE de 2022, en España existen aproximadamente 24.700 empresas con más de 50 empleados que están obligadas a contar con un canal de denuncias. El no cumplimiento de la ley puede acarrear sanciones económicas con multas de entre 1.001 euros (infracciones leves) y hasta un millón en los casos más graves.