Los expertos auguran una paralización de las contrataciones en las Administraciones Públicas si no se implanta la licitación pública electrónica. La resolución del Tribunal Administrativo Central sienta jurisprudencia por lo que servirá para futuros recursos en administraciones que no cumplan con la normativa

La adjudicación del contrato de servicios: 'Servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en Ulea. Expediente 2018/02', convocado por el Ayuntamiento de Ulea, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha quedado paralizado. La razón es que no se permitió a las empresas la presentación de sus ofertas por vía electrónica, pasando por alto lo dispuesto en la nueva Ley de Contratos del Servicio Público 9/2017 (LCSP). De esta forma se ha obviado totalmente lo que establece la exposición de motivos y la disposición Adicional decimosexta de la LCSP, que entró en vigor el pasado mes de marzo, y que obliga a la presentación de ofertas y solicitudes de participación utilizando exclusivamente medios electrónicos.

Tal y como explica el experto en licitación electrónica y director general de VORTAL para España, José Luis Arístegui, además de miembro de la Asociación Nacional de empresas de internet y presidente de la comisión de trabajo para agenda digital, "la ley está para cumplirla, nos guste o no. Esta es la primera resolución en el sentido expuesto y a partir de ahora cualquier licitador al que no se le permita presentar su oferta de forma electrónica, recurrirá y ganará porque ya se ha sentado jurisprudencia al respecto".

Riesgo de paralización de la contratación en el Sector Público

El riesgo más importante es la posible paralización de los expedientes de contratación del Sector Público por el no cumplimiento de la ley. Sigue explicando José Luis Arístegui: "yo no sé qué es lo que va a pasar en un futuro, pero en la actualidad el índice de penetración de la licitación electrónica en España no llega al 25% de los contratos que se licitan, incumpliendo como ha quedado demostrado con esta resolución, la normativa vigente de contratos del sector público. Sin duda debemos llegar a un modelo válido para la implementación de los medios electrónicos a nivel estatal, y eso para nosotros pasa por una necesaria colaboración público-privada que permita implementar de forma eficiente la contratación pública electrónica, tal y como ya está pasando en otros países europeos".

"Se debe valorar el modelo actual de los proyectos existentes en España desde un punto de vista responsable y reconocer que en este momento simplemente están replicando en electrónico lo que ya se estaban haciendo en papel, es decir, se está burocratizando la vía digital Lo peor que podría pasar. Hay que ir justo hacia todo lo contrario: la profesionalización de la compra pública con herramientas de compra eficientes, testadas y profesionalizadas del sector privado. Debemos ser conscientes de que la contratación pública electrónica ha llegado para quedarse", asegura Arístegui.