Barcelona, 2 dic (EFE).- La plataforma de reparto a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en utilizar mensajeros autónomos o por cuenta propia, y empezará a operar con repartidores asalariados.

La compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira durante años por el uso de la figura de los autónomos, lo que ha llevado a una juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores.

La magistrada ha citado a declarar mañana martes como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.

En un comunicado, Glovo, propiedad del grupo alemán Delivery Hero, ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha adelantado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el cambio de modelo.

La transformación se llevará a cabo en todas las ciudades donde realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación móvil, aunque la firma no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.

La compañía fundada en Barcelona en 2015 ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que Glovo garantiza seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni en los tiempos de entrega.

La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", ha señalado la compañía tecnológica.

 

Una denuncia de la fiscalía llevó a la causa judicial

La investigación judicial contra Glovo, en la que se ha personado como acusación particular el sindicato CGT, se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó en junio pasado contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.

Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".

La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.

El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".

Además del frente judicial en España, la Comisión Europea (CE) también anunció en julio la apertura de una investigación a Glovo y Delivery Hero para comprobar si han realizado prácticas contrarias a la libre competencia.

 

Los sindicatos recelan del compromiso de Glovo

De momento, los sindicatos de Glovo han mostrado su desconfianza hacia las intenciones reales de la plataforma de reparto y ven en este movimiento un intento de protegerse de la causa penal contra ella, aunque valoran el anuncio de manera positiva.

"Se trata de una medida de protección de los propietarios de Glovo para cubrir su responsabilidad ante la reiterada vulneración de la ley rider y su competencia desleal contra las empresas que sí cumplen la ley", ha asegurado el responsable de proyectos de proximidad sindical de CCOO de Barcelona, Franz Morales.

"Lo vemos positivo, pero con mucha cautela" ya que "no sabemos en qué condiciones quieren laboralizar y nos preocupan los trabajadores sin papeles y cuántos de ellos se pueden quedar sin trabajo", ha dicho, tras exigir a Glovo que cumpla "íntegramente" con su compromiso y dé garantías de ello.

El coordinador estatal de UGT en Glovo, Fernando García, ve "positivo" también el cambio de modelo laboral, pero ha alertado de que el anuncio abre "muchos interrogantes" en materia laboral.

García ha explicado a EFE que actualmente hay un millar de repartidores legalizados en Glovo y que el compromiso de la compañía afecta en teoría ahora a los titulares de las 15.000 cuentas activas de repartidores.

"En qué condiciones va a contratar Glovo, a quién contratará, con qué salario, con qué jornada y bajo qué convenio", se ha preguntado.

También se plantea si se reconocerá o no la antigüedad de estas personas o si Glovo optará por hacer un expediente de regulación de empleo (ERE) en caso de que considere que no necesita ya a tantos repartidores.

Por su parte, David Martínez, afiliado a CGT y repartidor en Barcelona, ha expresado también sus dudas sobre cómo se materializará el anuncio. "Ya se verá. De momento veo un gesto para ahorrarse sanciones y protegerse", ha dicho en declaraciones a EFE.

Entre las incógnitas que se abren destaca qué estrategia se seguirá para reconvertir a los autónomos en asalariados y recuerda que otras empresas del sector optaron por contratar a través de las empresas de trabajo temporal (ETT).

 

El Gobierno celebra "la victoria de la democracia"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado como una victoria para la "democracia" que la plataforma de entregas a domicilio haya anunciado que realizará contratos laborales a sus repartidores autónomos.

"Ninguna empresa por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica, puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", ha dicho Díaz a su llegada a un consejo de ministros de Empleo en Bruselas.

La respuesta de la bolsa al anuncio de Glovo ha sido de momento la caída de cerca de un 12 % de la cotización de Delivery Hero en la Bolsa de Fráncfort.

Por otra parte, una de las competidoras de Glovo, Just Eat España, ha hecho público hoy que ha presentado una demanda contra aquella ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal en la que le reclama 295 millones de euros por recurrir a falsos autónomos.

En un comunicado remitido a EFE, Just Eat ha explicado que reclama esa cantidad a Glovo en concepto "de daños y perjuicios".

Esa plataforma de origen danés sostiene que Glovo se ha ahorrado "más de 645 millones contratando a falsos autónomos en los últimos años" y que ello le ha permitido "adquirir una ventaja competitiva significativa".