El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado hoy un acuerdo provisional relativo a la adopción de nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la legislación de la UE.

Estas nuevas normas, que establecen estándares de protección para los denunciantes a escala de la UE, fueron propuestas por primera vez por la Comisión Europea en abril de 2018.

El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad. Esta es precisamente la función de las nuevas normas de protección de los denunciantes a escala de la UE, que garantizarán que estos últimos puedan informar de manera segura sobre las infracciones del Derecho de la UE en diversos ámbitos. Así se contribuirá a combatir el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto de sociedades y los daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Animamos a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras para la protección de los denunciantes basadas en los mismos principios» .

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado asimismo: «Las revelaciones del Dieselgate, los Papeles de Panamá y de Cambridge Analytica nos han hecho tomar conciencia de hasta qué punto los denunciantes contribuyen al descubrimiento de actividades ilegales que amenazan tanto el interés público como nuestro bienestar general. Debemos apoyar y proteger a estas personas valientes que sacan a la luz actividades ilegales. Me siento satisfecha de que hayamos logrado un sistema equilibrado que alienta a los empresarios a resolver problemas a nivel interno, pero que también permite que los denunciantes se dirijan a las autoridades públicas sin temor a represalias». 

Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos. La Comisión alienta a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de infracciones.

• Procedimientos y obligaciones de denuncia claros para los empleadores: las nuevas normas establecerán un sistema de cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en el contexto de la comunicación con las autoridades públicas.
• Cauces seguros de denuncia: se anima a los denunciantes a que informen primero a nivel interno si la infracción que desean revelar puede tratarse de manera eficaz dentro de su propia organización y siempre y cuando no estén expuestos a represalias. También pueden informar directamente a las autoridades competentes si lo consideran oportuno, en función de las circunstancias del caso. Además, si tras la denuncia a las autoridades no se toman las medidas oportunas o si existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando la denuncia a las autoridades no surta efecto, debido, por ejemplo, a que dichas autoridades se hallan en connivencia con el autor del delito, los denunciantes pueden divulgar la información, también a los medios de comunicación. Ello permitirá proteger a los denunciantes cuando actúan en calidad de fuente en el contexto del periodismo de investigación.

• Prevención de represalias y protección eficaz: las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia. También exigirán a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse. Los denunciantes también gozarán de protección en los procedimientos judiciales. 

Paso siguiente

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo deben aprobar ahora formalmente este acuerdo provisional.