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  • La Junta General del ICAM respalda unos presupuestos de 31 millones de euros para el presente ejercicio y valida las cuentas del último año
  • El desarrollo tecnológico, el impulso de la obra social, la formación y la investigación jurídica serán los ejes prioritarios para construir un Colegio útil y comprometido

La Junta General del Colegio de la Abogacía de Madrid, reunida en sesión Ordinaria y Extraordinaria, ha aprobado los presupuestos de la institución para 2023 con 2.130 votos a favor, 254 en contra y 7 abstenciones. Asimismo, los colegiados y colegiadas de Madrid validaron mayoritariamente las cuentas (con 2.153 sufragios a favor, 250 en contra y 10 abstenciones) y la gestión colegial (con 2.147 votos a favor, 277 en contra y 10 abstenciones) en el ejercicio anterior.

Encabezada por el decano Eugenio Ribón, la Junta de Gobierno del ICAM ha obtenido el respaldo mayoritario de la abogacía madrileña a sus primeros presupuestos para impulsar con eficacia y responsabilidad los compromisos incluidos en su programa de gobierno. “Pero no hemos venido solo a gestionar con eficacia, sino también a reivindicar y defender el Estado de derecho y la dignidad de la abogacía. Cumpliremos esa misión para la que hemos recibido la confianza de los colegiados y colegiadas del ICAM”, ha expresado el decano durante su intervención.

Para ello, la corporación madrileña dispondrá de un presupuesto de 31 millones de euros en el presente ejercicio, cifra que supone un aumento del 1,9% respecto al año anterior. Todo ello, como ha recordado Ribón, sin incrementar las cuotas, que se mantienen constantes a pesar de la presión inflacionaria. Si se comparan con las del año 2007, ha incidido el decano, las cuotas ordinarias actuales presentan una reducción del 4,3% frente una inflación del 29,1% en el mismo periodo. “El Colegio ha realizado un esfuerzo durante estos años para optimizar la cuota colegial y ofrecer el mejor servicio, prueba de ello es la cobertura de responsabilidad civil que en 2007 era de 12.000 euros frente a los 330.000 euros actuales”, ha destacado Ribón.

Líneas prioritarias

Entre las líneas recogidas en el documento aprobado por la Junta General del ICAM, destacan el desarrollo tecnológico, las prestaciones sociales, la formación y la innovación jurídica o los avances en materia de igualdad como ejes prioritarios de actuación.

Así, la Junta de Gobierno apuesta en 2023 por la tecnología como principal herramienta para el desarrollo organizativo, destinando 614.000 euros a proyectos como el expediente electrónico, la actualización de plataformas de Honorarios y Deontología, la dotación de nuevas herramientas para la Fundación Cortina, la integración de sistemas de notificaciones o el cumplimiento con los requerimientos tecnológicos que exige el Esquema Nacional de Seguridad.

En materia social y cultural, el ICAM dará un fuerte impulso a la Fundación Cortina como vértice para elevar el compromiso de la institución con la responsabilidad social de la abogacía a través de nuevas acciones y programas que beneficien a las personas colegiadas y a la ciudadanía. Con este objetivo, se destinarán 1,5 millones de euros a prestaciones sociales y ayudas al desarrollo profesional para aquellos compañeros y compañeras con una situación más desfavorecida o a quienes la crisis actual les haya afectado directamente. Asimismo, con ánimo de ayudar al mayor número posible de personas, a lo largo del año se revisarán las bases de las convocatorias para ampliar los colectivos de beneficiarios, además de reforzar su visibilidad con un mayor esfuerzo de comunicación.

Con una dotación de 100.000 euros, se pone en marcha el Instituto de Investigación e Innovación Jurídica del ICAM (I+D ICAM), un observatorio jurídico destinado al desarrollo de soluciones técnico-normativas en beneficio de la abogacía y la sociedad civil, así como a la promoción de formación especializada para la consecución de estos fines.

El nuevo centro de investigación del ICAM dependerá orgánicamente del departamento de Secciones, que a su vez contará con una partida de 140.000 euros para promover la participación colegial a través de foros de reflexión y debates sobre las múltiples áreas de derecho representadas en las 47 secciones existentes en la actualidad.

También se impulsará la formación a través del Centro de Estudios con la consolidación de la II edición del Máster de Acceso a la Profesión, el desarrollo de nuevos cursos de especialización y de programas executive que puedan dar cobertura a las diferentes materias. En total, el proyecto formativo para 2023 incluye una previsión de 474 cursos, 7.859 horas lectivas y 18.241 alumnos, de los cuales cerca del 57% lo serán de manera gratuita, principalmente por las jornadas de formación continuada de Turno de Oficio.

Finalmente, en los presupuestos se consolida el compromiso de la corporación para fomentar la igualdad a través de iniciativas como los Sellos de buenas prácticas, el Premio Clara Campoamor o la Cumbre de Mujeres Juristas, que celebrará su XI edición.

Servicios a la ciudadanía

Además, en su vertiente de servicios a la ciudadanía, el presupuesto para 2023 contempla un aumento del 65% en los recursos asignados a los servicios de orientación jurídica. El incremento responde al refuerzo de los servicios actuales, a la creación de nuevos servicios en sedes judiciales y a la firma de nuevos convenios para implantar los servicios de orientación jurídica en materia de vivienda y protección internacional.

Respecto a las cuentas anuales aprobadas por los colegiados, el Colegio cerró el ejercicio 2022 con un déficit ordinario de 80.701€, un 0,3% sobre presupuesto. En el apartado de gastos, la suma registrada, 30.311.000€, es un 0,4% inferior a los 30.435.000€ presupuestados. Respecto a los ingresos, la cantidad alcanzada, 30.230.000€, supone un 0,7% menos de la programada.

En cuanto al censo, el Colegio de la Abogacía de Madrid cerró el año 2022 con un total de 74.241 personas colegiadas, distribuidas en 43.207 ejercientes y 29.792 no ejercientes. Por género, aumento porcentualmente el número de mujeres inscritas, 36.007, que suponen ya el 49% del censo colegial.

 




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