Madrid, 28 nov (EFE).- La Mesa del Congreso ha rechazado pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre la proposición de ley de la amnistía a los encausados del 'procès', tal como ha solicitado el PP, que insiste en frenar la tramitación de la ley en el Parlamento.

Cuando quedan pocas semanas para que el pleno del Congreso debata la toma en consideración de la proposición de ley de la amnistía, los populares siguen en su ofensiva de intentar paralizar la norma antes de ese debate, tanto solicitando informes de los poderes judiciales que puedan "despejar dudas o aclarar términos" como solicitando la reconsideración de la iniciativa.

Fuentes populares han reiterado que aunque se trata de una proposición de ley registrada por un grupo parlamentario, el del PSOE, es una iniciativa de "las más controvertidas y discutibles" que entran en la Cámara, por lo que debería ir acompañada de dichos informes.

Desde la Mesa, el PP recuerda que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y nuevo ministro de Justicia, señaló precisamente que se trataba de un "proyecto de ley que se vehiculizaba a través de una proposición de ley", y consideran que esta afirmación conlleva el reconocimiento de que "ha sido elaborada por el Gobierno".

Afirman que los proyectos de ley son acompañados de sus informes preceptivos del Poder Judicial y fiscal y que en este caso debería ocurrir igual.

Además, han criticado que el Ejecutivo vete una proposición de ley sobre la ELA registrada por Vox argumentando que hay aumento de gasto o disminución de ingresos, cuando la nueva ley de amnistía también supondría esa misma disminución de ingresos al eliminar la presunta "responsabilidad contable" de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, a los que el Tribunal de Cuentas reclama entre 3 y 5 millones de euros.

Últimos cartuchos del PP para bloquear la tramitación

Por otra parte, la reconsideración de la admisión a trámite que ha registrado el PP para intentar paralizar la tramitación de la ley de amnistía dará su último paso en la Junta de Portavoces, que será quien deba pronunciarse de cara a los próximos plenos.

Con toda probabilidad, la mayoría de los portavoces de la Cámara representados en este órgano rechazarán esta reconsideración, por lo que al PP ya solo le quedaría la vía del tribunal contencioso administrativo o del Tribunal Constitucional para paralizar la norma en el Congreso.

La Comisión Pegasus echa a andar

La Mesa de la Cámara Baja también ha admitido a trámite, con el voto en contra de los populares, la creación de la comisión de investigación pactada por el PSOE con Junts y ERC sobre la 'Operación Cataluña', de espionaje a políticos independentistas y que será aprobada previsiblemente, junto con la de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, en el pleno ordinario del 12 de diciembre.

Los populares inciden en que es "inaceptable" que se apruebe una comisión de investigación en la que hay hechos vinculados al servicio de inteligencia o que ya han sido juzgados porque "desvirtúa el objeto" de este tipo de comisiones.

"Es un 'lawfare' (persecución judicial por razones políticas) y no tiene cabida en un Parlamento", han añadido fuentes del PP en la Mesa del Congreso, que han señalado el "silencio" de los socialistas en este órgano cuando han pedido explicaciones.