El Decano de Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado esta mañana en el Senado una batería de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, entre las que se incluye una cuestión clave: la eliminación de la condena en costas en caso de no haber acudido a un intento de mediación u otros medios alternativos de solución de controversias (MASC), algo sobre lo que el ICAM ya alertó durante la tramitación en el Congreso de la norma. El ICAM considera que esta medida, contenida en los artículos 31 y 32 del Proyecto de Ley, supone un obstáculo para la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
 

Eugenio Ribón advierte que “imponer costas por no acudir a un MASC no solo desincentiva el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, sino que también incrementa la desigualdad procesal y el coste del acceso a la justicia. Reivindicamos que el uso de estos mecanismos sea una opción voluntaria y no una imposición condicionada a sanciones.”

La motivación de la propuesta de enmienda presentada por el ICAM se centra en varios aspectos: en primer lugar, se señala que puede suponer alteración del sistema de costas actual. A juicio del ICAM, el Proyecto de Ley establece que el incumplimiento del requisito de procedibilidad de acudir a un MASC conlleve una condena en costas, lo que el ICAM considera innecesario y perjudicial. Esto supone un cambio respecto al sistema basado en el vencimiento objetivo (principio jurídico que se aplica en la regulación de las costas procesales en los litigios judiciales, según el cual la parte que pierde el caso judicial es quien debe asumir las costas del proceso, incluyendo los gastos de la parte vencedora, como los honorarios de los abogados, procuradores y peritos, entre otros) y que ya cumple con la función de desincentivar las pretensiones infundadas sin necesidad de imponer cargas adicionales.

En segundo lugar, el ICAM cuestiona la eficacia de los MASC cuando se imponen como obligatorios. El ICAM argumenta que estos mecanismos solo son efectivos si ambas partes están dispuestas a utilizarlos de manera voluntaria. Obligar a su uso como requisito previo puede ser contraproducente, generando retrasos y costes adicionales sin asegurar resultados efectivos. La experiencia con la conciliación obligatoria, eliminada en 1984 por su ineficacia, sirve al Colegio madrileño como antecedente para sustentar esta posición.

Además, el ICAM añade en su fundamentación que la obligatoriedad de los MASC puede tener implicaciones significativas para los ciudadanos, especialmente para aquellos con menos recursos: la necesidad de recurrir a terceros neutrales o letrados en una etapa previa al litigio incrementa los gastos, lo que puede dificultar el acceso a la justicia para las personas más vulnerables.

El impacto negativo en la justicia material también es un motivo de preocupación. El ICAM entiende que forzar a las partes a participar en procesos de mediación en casos donde no existe posibilidad real de negociación efectiva, como en situaciones de incumplimientos contractuales, puede socavar el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener una resolución judicial sobre el fondo del asunto.

Por último, el ICAM advierte sobre los riesgos de abuso procesal que el sistema podría generar. La obligatoriedad de los MASC podría incentivar conductas estratégicas, como utilizarlos para mejorar posiciones procesales. Esto podría perjudicar especialmente a las partes más vulnerables, como los consumidores enfrentados a entidades con mayor capacidad de negociación, desvirtuando así el propósito inicial de los MASC como herramientas de justicia alternativa.

Reivindicaciones adicionales del ICAM

Aunque la supresión de la condena en costas por no acudir a medios alternativos de solución de controversias (MASC) es la principal reivindicación del ICAM, la institución ha presentado además una serie de propuestas complementarias para mejorar el acceso a la justicia y optimizar el sistema judicial. Estas enmiendas abordan cuestiones clave que afectan tanto a los ciudadanos como a los profesionales del ámbito jurídico.

En primer lugar, el ICAM propone la ampliación de plazos y la garantía de la asistencia letrada en los procesos vinculados a los MASC. Esta medida busca evitar que los ciudadanos enfrenten situaciones de indefensión debido a plazos procesales demasiado ajustados que dificulten obtener el asesoramiento jurídico adecuado. Al garantizar tiempos razonables y la posibilidad de contar con un abogado en todas las etapas del procedimiento, se asegura que los justiciables puedan tomar decisiones informadas y que sus derechos fundamentales sean respetados.

Asimismo, el reconocimiento del rol de los colegios profesionales se perfila como otro de los pilares fundamentales de las propuestas del ICAM. Estas instituciones, por su cercanía con los profesionales y los ciudadanos, están llamadas a desempeñar un papel central en la promoción y gestión de los MASC. La propuesta del ICAM subraya la necesidad de reforzar sus competencias, permitiéndoles actuar como garantes de la calidad en los procesos de mediación y arbitraje, así como en la formación y supervisión de los mediadores y demás terceros neutrales.

Finalmente, el ICAM insiste en la especialización judicial como una herramienta imprescindible para mejorar la calidad del servicio judicial en áreas especialmente sensibles como los asuntos de familia, infancia y capacidad. Se plantea la necesidad de implementar una formación especializada y continua para jueces y magistrados, asegurando que estén debidamente capacitados para abordar los complejos casos que surgen en estas materias. Esta especialización no solo mejora la eficiencia del sistema judicial, sino que también fortalece la confianza de los ciudadanos en la justicia.

“El ICAM reitera su compromiso con una justicia eficiente, accesible y equitativa, pero advierte que la obligatoriedad de los MASC y su vinculación a la condena en costas podría convertirse en una barrera para el acceso a los tribunales. Por ello, solicitamos a los Grupos Parlamentarios en el Senado una reflexión profunda para preservar los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva”, concluye el Decano Eugenio Ribón.