• La firma Abencys apunta las consecuencias que la implantación de una semana laboral podría tener para empresas y trabajadores.
• Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, afirma que “lo relevante es que las empresas puedan seguir prestando sus servicios en condiciones de competitividad, sin aumentar los costes de personal por la necesidad de llevar a cabo nuevas contrataciones”.

Durante las últimas semanas, muchos políticos, empresarios y expertos han estado ofreciendo diferentes puntos de vista acerca de la posibilidad de implantar una semana de cuatro días laborables. De esta forma, se plantea alargar el fin de semana, si bien se trata por el momento de una cuestión en abstracto, sin que exista una propuesta de ley en la mesa sobre la que debatir con “fundamento”.

No obstante, y por el momento, el proyecto piloto acordado entre el Gobierno y Mas País, sobre el que tanto se está debatiendo, parece consistir en un programa de ayudas para aquellas empresas que, voluntariamente, quieran acogerse a este modelo de trabajo, que consiste en reducir la jornada laboral a cuatro días semanales, y tres de descanso, bien concentrando las 40 horas semanales de trabajo en esos cuatro días, bien acortando la jornada semanal a 32 horas.

Desde el despacho Abencys, ven este nuevo formato como una alternativa viable en determinados sectores, y siempre y cuando no suponga un aumento del coste empresarial como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo nuevas contrataciones.

Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, cree que “en ciertos sectores de actividad sería un modelo de trabajo factible, y no solo una utopía. No olvidemos que hasta hace solo dos años el modelo de teletrabajo parecía una utopía difícilmente alcanzable, que no sólo ha resultado funcionar en determinados segmentos de actividad, sino que, superada la pandemia del Covid-19 muchas empresas han decidido instaurar de manera definitiva”.

Si bien una semana laboral de cuatro días puede ser viable para ciertos formatos, actividades o empleos, parece complicado como régimen general aplicable a cualquier sector, pues las necesidades del mercado harían difícil su implantación en el sector de determinados servicios. Según señala Teresa, “por el momento, parece tratarse de una medida opcional, pues tiene difícil implantación a nivel nacional dentro de un marco jurídico aplicable a todas las empresas y sus empleados”.

Por otro lado, la jornada laboral de cuatro días difícilmente podrá hacerse efectiva por las empresas a nivel general si no se aplica de manera oficial también a las administraciones públicas, matiza Teresa “pensemos, como ejemplo, en los abogados, que mal podrían descansar tres días de la semana si uno de esos días los Juzgados funcionaran con normalidad a efectos de notificaciones y señalamientos”. Es decir, “por el momento parece una cuestión de organización interna de los descansos de los trabajadores por medio de turnos rotacionales que aseguren el descanso de tres días seguidos, con independencia de qué días fueran”. Ahora bien, “si este modelo lo que pretendiera es oficializar el viernes como día no laborable, difícilmente podrá encajarse si no se traslada a todos los ámbitos”.

En cualquier caso, a juicio de Teresa, “lo relevante es que las empresas puedan seguir prestando sus servicios en condiciones de competitividad, sin aumentar los costes de personal por la necesidad de llevar a cabo nuevas contrataciones y sin poner en riesgo su viabilidad”. No olvidemos que algunos de los agentes implicados en el proyecto piloto son partidarios de la reducción de la jornada a 32 horas semanales sin reducción del salario. Esto, según entiende Teresa, “comportaría un inevitable aumento del coste laboral y social a las empresas, que para cubrir el mismo horario de servicio se verían obligadas a contratar nuevos trabajadores que cubriesen las horas restantes, poniendo en algunos casos en juego la viabilidad de las empresas”.

En definitiva, se trata de una medida cuya implantación requiere una importante reflexión y un desarrollo adecuado que dé seguridad a todas las partes, facilitando la conciliación para los trabajadores, pero no suponga un coste al empresario. Por el momento “habrá que esperar a ver cuántas empresas se acogen a este nuevo régimen y qué implicaciones tiene sobre la economía y la generación de empleo en los distintos sectores de actividad”, concluye Teresa.