En respuesta al aumento de situaciones concursales que está deparando la crisis económica derivada de la pandemia, la Abogacía madrileña y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid han decidido sumar esfuerzos para salvar el mayor número posible de empresas en los procesos concursales.
Con ese fin, abogados y jueces mercantiles, con la colaboración de economistas, procuradores y otros profesionales jurídicos de Madrid han trabajado conjuntamente en la elaboración de una hoja de ruta para facilitar los procesos de venta de unidades productivas de las sociedades en concurso.
Fruto de ese esfuerzo es la “Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas”, que han presentado hoy el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, en un acto celebrado en la sede del alto tribunal madrileño.
El documento establece un protocolo de actuación para potenciar el proceso previsto en el artículo 530 del Texto Refundido de la Ley Concursal, cuya finalidad era instituir un proceso ágil para que la empresa salga del concurso en el menor tiempo posible. Concretamente, los jueces Mercantiles de Madrid se comprometen a declarar el concurso en un plazo máximo de dos días si el proceso de venta realizado por el deudor se ajusta a la Guía de Buenas Prácticas y la solicitud va acompañada de todos los documentos que en ella se describen.
“Los que operamos en el plano de la Administración de Justicia teníamos que dar un paso al frente y asumir de qué manera podemos ayudar a las empresas y trabajadores autónomos que están sufriendo especialmente los efectos económicos de la crisis sanitaria, porque la experiencia demuestra que una inmensa mayoría de los concursos que se presentan terminan en la desaparición de la empresa”, ha señalado José María Alonso.
Según ha explicado el decano, “desde el primer momento, jueces y abogados fuimos conscientes de que teníamos que hacer algo, de que no podíamos permitir que esta situación terminara con una parte importantísima del tejido industrial y económico de Madrid, y que ello diera lugar a un aumento del paro y a un incremento del dolor social”.
El resultado de ese convencimiento es una Guía de Buenas Prácticas “innovadora e indispensable” que, por primera vez, han firmado los máximos representantes de la justicia y la abogacía en Madrid, tras un acuerdo de los jueces y con el visto bueno del CGPJ. “Se ha hecho un trabajo transparente, flexible, sin apriorismos y con un fin común que es la protección de los derechos de los ciudadanos desde nuestros respectivos planos de actividad”, se ha congratulado Alonso.
Gracias al mecanismo desarrollado en este documento, "si el que presenta el concurso acompaña la documentación correspondiente y demuestra al juez que ha seguido los pasos que se establecen en esta Guía, el procedimiento se resuelve en unos plazos rapidísimos”, ha explicado. Además, si se autoriza la venta de la unidad productiva, “esa decisión es irrecurrible: por tanto, pone fin al procedimiento, lo que quiere decir que con ello llegamos a tiempo y permitimos que la empresa sobreviva”, ha enfatizado.
Por último, y ante la extraordinaria carga de trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil, el decano ha lamentado que tengan que dedicar entre el 30 y el 40% de su tiempo a resolver asuntos de transporte. "Hay que liberarles, porque en este momento los jueces y juezas de lo mercantil son una auténtica avanzadilla en la salvación de nuestro tejido industrial y en la superación de la crisis", ha concluido.
Por su parte, Celso Rodríguez Padrón ha destacado que “los titulares que han trabajado en esta guía han hecho un gran esfuerzo para salvar el máximo número posible de empresas, lo que implica salvar puestos de empleo”, recordando que el fin último de esta colaboración es mejorar la eficiencia de la justicia.
Para el presidente del alto tribunal madrileño, “esta finalidad explica el documento y además lo justifica, es la senda de la eficacia judicial que enlaza con un término puramente jurídico: mejora día a día del grado de la tutela efectiva y que encauza a jueces y profesionales a la defensa y protección de los intereses legítimos de los ciudadanos”. Por todo ello, ha recalcado, “tenemos que celebrar esta guía; con independencia del futuro, ya ha valido la pena.”
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