La demanda de la UE contra AstraZeneca, cuya audiencia se celebrará el 26 de mayo en el tribunal de primera instancia de lo civil de Bruselas, es una medida de presión para obligar a la farmacéutica a que entregue las dosis comprometidas, más que un intento de conseguir indemnización por el retraso. “El contrato de suministro no prevé penalizaciones contractuales ni indemnizaciones a favor de la UE en caso de incumplimiento, al menos en la versión que se ha hecho pública. Por tanto, la demanda se dirige a obligar a AstraZeneca a suministrar las vacunas en cantidad y plazo”, apunta Miguel Troncoso, director de la delegación del despacho Gómez-Acebo & Pombo en Bruselas y experto en Derecho de la Competencia y en ayudas de Estado.
Se esperaban 120 millones de dosis de la vacuna en el primer trimestre de este año y otros 180 millones en el segundo trimestre. Pero la primera tanda se redujo a 30 millones, y sobre la segunda la empresa admitió que como mucho podría hacer frente a 70 millones. Es decir, que a mediados de año se habría incumplido con la distribución de 200 millones de dosis.
El movimiento también supone “una muestra por parte de la Unión Europea, frente a las críticas políticas recibidas, de que está haciendo todo lo que está en su mano para preservar la salud de los ciudadanos europeos y paliar las consecuencias de la pandemia”, señala Troncoso.
La demanda tiene una doble vertiente. Por un lado “se ha presentado una acción ante los Tribunales belgas para que se pronuncien sobre el incumplimiento del contrato de fabricación y suministro suscrito con la UE en agosto de 2020. Paralelamente, también se han pedido medidas cautelares, para que, a la espera del pronunciamiento sobre el fondo, AstraZeneca asegure un volumen y ritmo de suministro suficientes”, explica.
El caso se prevé complicado y es difícil hacer previsiones, en parte porque “la versión del contrato que ha trascendido no es completa, al haberse ocultado la información confidencial o de secretos de negocios de AstraZeneca”, señala Troncoso, para quien es importante destacar que “muchas de las obligaciones de la farmacéutica no son de resultados, sino de medios”. Tal y como mantiene la empresa, en el contrato se firmó lo que se conoce como “best efforts“, es decir, que se comprometía a hacer “todo lo posible” para cumplir lo pactado. Este compromiso se vio afectado, según Astrazeneca, primero por un temporal que a finales de enero afectó a la cadena de producción de su fábrica de Gales, y posteriormente por las suspensiones de vacunación en muchos países tras detectarse efectos secundarios en algunas personas que recibían la vacuna.
¿Y cuánto puede durar el proceso? La UE espera resolverlo pronto y ha pedido celeridad, mientras que AstraZeneca ha pedido todo lo contrario para poder preparar una defensa compleja con garantías. Según Miguel Troncoso, es posible que pronto se sepa al menos una parte: “el proceso se está sustanciando en Bélgica, cuyo derecho procesal civil es relativamente flexible. Aunque la acción de incumplimiento contractual se dilate en el tiempo, es muy probable que en la petición de medidas cautelares, la parte más “efectista”, se sustancie de forma rápida, puede que en unos meses”. Además, en este caso, hay que tener en cuenta que “el contrato en cuestión cubre una serie de pedidos de vacunas que, en principio, aunque las fechas exactas no han trascendido, cubren únicamente el año 2021. Por tanto, al menos la solicitud de cautelares deberá resolverse rápido o perderá todo su interés”.
Aunque los litigios entre empresas y la UE relativos a los contratos de suministro o de prestación de servicios son algo habitual, éste caso es peculiar, ya que, como apunta Troncoso, tiene una importante repercusión e impacto “por el objeto del contrato y por el hecho de que el beneficiario último del suministro somos nosotros, los ciudadanos de la UE”.
