Bruselas, 27 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una serie de medidas para que los periodistas y activistas víctimas de litigios abusivos con el objetivo de intimidarles, así como los tribunales que revisan estos casos, dispongan de salvaguardas para protegerse de esta práctica judicial estratégica.

La directiva que ha propuesto Bruselas se aplicará a los casos con implicaciones transfronterizas y busca proteger a periodistas o activistas por los derechos de la mujer, LGTBIQ+, laborales, religiosos o climáticos, que afrontan el riesgo de ser demandados de manera abusiva como método para disuadirles de continuar con su trabajo.

Bruselas considera esta práctica, conocida como demanda estratégica contra la participación pública, "una forma de intromisión en el debate público en la UE" que "puede conducir a que sus víctimas se autocensuren" y tener un efecto disuasorio sobre otras posibles víctimas.

"En una democracia, la riqueza y el poder no pueden dar ventaja a nadie sobre la verdad. Con estas medidas contribuimos a proteger a quienes se arriesgan y hablan cuando el interés público está en cuando informan, por ejemplo, sobre denuncias de blanqueo de dinero y corrupción", aseguró la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová en un comunicado.

La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en un atentado con coche bomba en 2017 a las puertas de su casa cuando investigaba casos de corrupción en su país, tenía pendientes unas 40 demandas abusivas contra su labor en el momento de su muerte.

La directiva que propone Bruselas y aún debe negociarse con el Parlamento y el Consejo (los países) permitiría que los tribunales puedan descartar una demanda en sus etapas tempranas "si un caso está manifiestamente infundado" y carga al demandante con los costes del juicio si una demanda se declara como abusiva.

Las víctimas podrían, además, acceder a compensaciones por los daños materiales e inmateriales de la demanda, y los tribunales podrían imponer "multas disuasorias" a las personas que lleven este tipo de casos ante la justicia para evitar que los procesos abusivos lleguen siquiera a ponerse en marcha.

Por otro lado, la CE también emitió una recomendación para los tribunales nacionales a la hora de lidiar con litigios abusivos que no tengan implicaciones transfronterizas, ya que la justicia a nivel nacional es una competencia de cada Estado miembro y la Comisión sólo puede transmitir recomendaciones.

Así, el Ejecutivo comunitario pide a los Gobiernos que adapten su ordenamiento jurídico para que dispongan de salvaguardias similares a las del nivel europeo para combatir los litigios abusivos, así como que pongan en marcha formaciones para que los profesionales legales y las potenciales víctimas de estas prácticas conozcan mejor sus derechos y las vías disponibles para afrontar una demanda así.

Las víctimas de estas demandas estratégicas deben tener acceso a "apoyo individual e independiente", como un abogado que le defienda pro bono en estos casos, recomendó la Comisión.

Cada país tendrá que informar a la Comisión dentro de 18 meses sobre cómo ha aplicado las recomendaciones europeas para proteger a las víctimas y dar a los tribunales herramientas para afrontar mejor estas demandas.