Jueces y abogados amenazados e incluso encarcelados, impunidad y falta de confianza de las víctimas en la justicia. Esas son las principales amenazas al Estado de Derecho que la Caravana Internacional de Juristas encontró en el departamento de Bolívar, según el informe regional que han elaborado tras su visita a la zona en agosto.

“Hemos detectado que los jueces de primera instancia son los que más riesgos corren porque tienen que ir zonas rurales a recoger pruebas”, señaló en la presentación del informe Gonzalo Saénz, de Fundación Abogacía, que participó en la Caravana.

“Hay una impunidad de carácter fáctico y las víctimas no tienen confianza en el sistema de justicia”, añadió en el acto celebrado en la sede en Madrid del Consejo General de la Abogacía.

Ante la situación encontrada la Caravana está estudiando la posibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones: Mandar una carta de apoyo a los magistrados Edwin Volpe, Abelardo Andrade y Dilio Donaldo Manotas, que están en arresto domiciliario, y Fabio Cabarcas, encarcelado. También lanzar una alerta sobre el abogado Eduardo Cantillo Romero y un amicus curiae para el caso Foncolpuertos, en el que han sido condenados varios abogados.

Y además mostrar la preocupación por el riesgo que corre el abogado Adil Menéndez, que ha denunciado las irregularidades del macroproyecto Canal del Dique.

“Hemos pedido que se frene, por los daños económicos, sociales y medioambientales”, afirmó Menéndez, quien también intervino en la presentación del informe. “No ha tenido en cuenta a las comunidades ni a los ecosistemas”, añadió el abogado, que ha defendido a las comunidades afectadas.

Menéndez denunció la existencia de “campañas de desprestigio contra los jueces” y la “falta de independencia judicial”.