La crisis de la COVID-19 está uniendo a muchas personas y organismos a la búsqueda de soluciones y ayudas. Una de estas iniciativas es la que ha unido a las clínicas jurídicas de diez universidades de toda España para diseñar una acción conjunta con la finalidad de “facilitar instrumentos adecuados para la protección y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y hacer frente a dificultades que han ido surgiendo”, explica Isabel Lázaro, directora de la Clínica Jurídica de Comillas ICADE.
La iniciativa –a la que se han sumado también algunos profesores a título individual– surge porque “la desigualdad vuelve a estar presente trazando fronteras más profundas entre ricos y pobres, entre autóctonos e inmigrantes, entre los violentos y sus víctimas…”, recuerda Lázaro, quien asegura que “no todos vamos a sufrir igual la COVID y sus consecuencias”.
El plan es elaborar una guía que dé respuestas comprensibles a problemas jurídicos que surgen durante la crisis. También quiere acercar el Derecho a quienes padecen las consecuencias del COVID-19 pero desconocen las claves para comprender las implicaciones jurídicas de la situación y el significado y alcance de las medidas a las que nos encontramos sometidos.
Los estudiantes están muy involucrados y desarrollan la evidente función social de los estudios jurídicos y de la universidad. “Participan 44 estudiantes de diferentes universidades que quieren poner al alcance de la sociedad, a través de sus procesos de aprendizaje y servicio, información comprensible sobre las herramientas jurídicas que tienen o pueden adquirir”, explica Lázaro.
Además de la Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Comillas, forman parte del grupo las universidades de Alcalá, Deusto, Europea de Madrid, Miguel Hernández, Oviedo, País Vasco, Salamanca, Valencia y Valladolid.
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