Marbella (Málaga), 18 jun (EFE).- Un grupo de propietarios de la Costa del Sol ha creado la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove), con la que reclaman reformar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para evitar que los presidentes y administradores "secuestren" sus urbanizaciones.

El colectivo, en el que se integran representantes de una treintena de residenciales de todo el país, ha nacido para defender sus derechos al estar “cansados” de ver cómo presidentes y administradores secuestraban sus urbanizaciones “con total impunidad” y al amparo de una “ley obsoleta” por la que no se sienten respaldados, ha relatado la presidenta de la entidad, Elisa Álvarez.

La LPH presenta “muchísimas lagunas y tiene que cambiar”, dice, porque ha llegado un punto en el que los vecinos "no tienen ni voz ni voto en sus casas y están totalmente indefensos”.

Atrincherados en el cargo y manejando grandes presupuestos

Presidentes como el de Torre Bermeja (Estepona), que se acaba de subir el sueldo a 103.000 euros con el beneplácito del administrador, o el de Cabopino (Marbella), que se ha contratado un asistente personal por sugerencia de la administración, llevan varias décadas “atrincherados en el cargo”, señala Álvarez.

En estos, como en muchos otros, presidente y administrador se resisten a renunciar a los beneficios que les reporta estar al frente de residenciales donde “se manejan presupuestos importantísimos con los mínimos controles”, y donde plantear una auditoría contable es prácticamente imposible, ha destacado Apercove.

También es imposible, ha lamentado Álvarez, que se contrate a una empresa distinta a la elegida por la administración ya que en una “urbanización secuestrada” jamás se cuestionan los gastos, no se piden presupuestos alternativos y siempre se paga por encima del precio de mercado.

“Llevan años viviendo de nuestras comunidades, que han convertido en sus chiringuitos particulares, y bloquean cualquier iniciativa que no les interese gracias a mayorías que logran con delegaciones de voto”, especialmente de quienes no tienen su residencia habitual en el inmueble, dice Álvarez, que se cuestiona la validez de estas delegaciones.

En el mejor de los casos, las representaciones de voto se intercambian por favores como la limpieza del piso, la entrega de llaves a un inquilino o el arreglo de desperfectos en la propiedad, actividades que acaban realizando los propios empleados del bloque en horario laboral, ha denunciado la presidenta de Apercove.

Votaciones irregulares

Y en el peor de los casos, ha añadido, se usan delegaciones antiguas o se vota en nombre de propietarios que no han dado su autorización para ello. “La mayoría no se entera porque no acuden a la junta de vecinos y luego ni siquiera se leen el acta”, ha apuntado Álvarez.

En Apercove tienen constancia de ello -ha asegurado- y, aunque en más de una ocasión han acudido a los tribunales, “la justicia es lenta y cara” y, mientras el propietario afectado debe impugnar los acuerdos “poniendo el dinero de su propio bolsillo”, administrador y presidente acuden al juzgado con el abogado que paga la comunidad.

Al final, el vecino perjudicado, al que se tacha de problemático ante el resto del vecindario, "se ningunea y se aísla, acaba por rendirse y termina vendiendo y marchándose", ha lamentado la presidenta de la entidad.

“Nosotros hemos decidido que no vamos a irnos, que vamos a luchar por nuestros derechos y no vamos a dejar que nos roben en nuestra propia casa”, ha concluido Álvarez.