La mayoría de estos casos se manejan como civiles, lo que ralentiza significativamente el proceso. Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, considera “una injusticia que los propietarios tengan que esperar meses para recuperar sus viviendas”.
La Ley por el derecho a la vivienda traslada la responsabilidad de garantizar una vivienda digna a los propietarios, en lugar de proteger a los más vulnerables, según la experta en derecho inmobiliario.
Los datos no engañan: entre 2018 y 2023 se registraron en España casi 91.000 denuncias por ocupación ilegal de vivienda, según el Ministerio del Interior. De hecho, desde ese 2018 hasta el año pasado se había marcado un crecimiento sostenido de las mismas. Por tanto, no es extraño que este asunto sea uno de los que más preocupan a la sociedad. Un estudio de la aseguradora Línea Directa subraya que uno de cada cuatro ciudadanos tiene temor a que le ocupen su casa.
Según los encuestados, la principal causa de la ocupación es la lentitud que tiene la justicia. Arantxa Goenaga, socia de AF Legis y experta en derecho inmobiliario, considera “una injusticia que los propietarios tengan que esperar meses para recuperar sus viviendas”, además de no recibir indemnizaciones por el daño moral causado.
La abogada denuncia también la actual confusión entre procedimientos civiles y penales en casos de ocupación. Según Goenaga, la mayoría de estos casos deben acudir a la jurisdicción civil, lo que ralentiza significativamente el proceso. "Ocupar una propiedad implica un daño y una violación del derecho a la propiedad privada, por lo que debería tratarse como un procedimiento penal", afirma. Además, apunta que a estos procedimientos se les debería de dotar con más recursos “para que puedan cumplirse plazos razonables”.
Aun así, la abogada empieza a ver ciertos pasos, aunque no suficientes, para proteger a los propietarios frente a los okupas. “Los juzgados comienzan a mostrar más empatía hacia estos casos. En algunos ya se ha declarado vulnerable al propietario y se ha agilizado el proceso. Es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer”, matiza.
La problemática Ley de Vivienda
Desde AF Legis sostienen que la Ley de Vivienda 12/2023 no ofrece las soluciones adecuadas a la ocupación ilegal, ya que no existe una regulación específica para estos casos y deja a los propietarios en una situación de desprotección absoluta. Además, Goenaga añade que traslada la responsabilidad de garantizar una vivienda digna a los propietarios, en lugar de proteger a los más vulnerables.
La ley ha provocado un aumento de las viviendas en venta y un incremento de los alquileres de temporada, explica la abogada, debido al temor de los propietarios a enfrentarse a inquilinos vulnerables que no paguen y no puedan ser desalojados. “Legislar sin escuchar a los expertos solo genera más problemas”, concluye.
