El Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los inquilinos de las viviendas públicas, que el Ayuntamiento de Madrid vendió en 2013 a fondos de inversión, a adquirir sus viviendas al mismo precio de la venta inicial. Esta decisión pone fin a una década de lucha judicial de los vecinos de 10 años, que vieron cómo tras la venta sus alquileres aumentaron y perdieron el derecho a adquirir sus hogares en condiciones preferentes, como estipulaban los contratos originales.

En 2013, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 1.860 viviendas protegidas al fondo Fidere, asegurando a los inquilinos que solo cambiaría el propietario. Sin embargo, las condiciones empeoraron con subidas de alquileres y la pérdida de derechos, lo que llevó a los vecinos a organizarse y demandar. Los primeros en ganar fueron cuatro familias de la calle Lope de Vega, quienes, tras perder en primera instancia, lograron un fallo favorable en la Audiencia Provincial. Fidere recurrió, pero ahora el Supremo ha ratificado ese veredicto, sentando un precedente para más de 100 familias afectadas.

Vecinos de otros barrios como Carabanchel y Vallecas se sumaron a la lucha judicial, mientras que muchos otros, ante la presión de los fondos de inversión, abandonaron sus hogares o fueron desahuciados. El abogado Mariano Benítez de Lugo, que ha llevado la defensa de los afectados, celebra la sentencia: “Este fallo marca un hito al corregir el censurable proceder de la EMVS y del fondo especulativo Blackstone, quienes concertaron la venta de viviendas protegidas a un precio irrisorio, ignorando los derechos de las modestas familias que las habitaban y que cumplían fielmente con sus obligaciones como inquilinos”, subraya.

El abogado destaca que esta es la primera resolución del Supremo que aborda “aquella infame operación de venta” y expresa su confianza en que la unidad de criterio se mantenga en los numerosos casos aún pendientes, permitiendo anular la operación y reconocer el derecho de los inquilinos a comprar sus viviendas.

Además, Benítez de Lugo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera el derecho a una vivienda digna como fundamental, y denunció que este fue vulnerado en la operación de venta . “He llevado cerca de 300 casos de desahucios impulsados por los fondos buitre. Espero que esta sentencia sirva para frenar su voracidad y proteger a las familias de clase trabajadora que aún enfrentan desalojos”, concluyó.