Madrid, 19 dic (EFE).- La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha subrayado en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los jueces no solo no están obligados a comparecer en comisiones de investigación, sino que deben negarse, comunicarlo al CGPJ y pedir el amparo.

El informe sostiene que, si las Cortes Generales citaran a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, "no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes, por lo que entendemos que así deberá hacerlo si resulta citado y aconsejamos que se ponga en conocimiento del CGPJ".

El texto, elaborado por expertos de la asociación, ha sido entregado este martes en el Consejo, con el fin de que sea valorado por la institución, que precisamente abordará este cuestión el jueves en su pleno ordinario.

Y llega cuando el Poder Judicial es un clamor contra la posibilidad de que las comisiones de investigación de la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces y magistrados sobre supuestos casos de "lawfare" en la justicia española.

De hecho, el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ya avanzó el pasado viernes que ningún juez puede comparecer ante ninguna comisión de investigación, pues hacerlo "implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado" y "perturbaría la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas".

El documento de la asociación destaca que "en ningún caso se puede establecer una suerte de tribunal político" que juzgue la labor de los jueces en el ejercicio de sus funciones porque, además, desde el punto de vista constitucional, "queda claro que los jueces sólo pueden ser controlados por la vía judicial o por la vía disciplinaria, que al final puede ser judicializada".

Dicho de otro modo, su enjuiciamiento sólo puede ser por causas disciplinarias, lo que compete en primer término al CGPJ, y siempre revisable por los tribunales, o por causas penales o civiles, que competen a los tribunales.

El dictamen expone también las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a los jueces revelar los hechos o datos de los que haya tenido conocimiento y que no estén reflejados en la sentencia firme, "y quien lo exija, sea diputado o miembro del gobierno, estaría incurriendo en un delito".

"No hay previsión alguna de que se pueda controlar la labor judicial por otros poderes, siendo su responsabilidad única y exclusivamente penal o civil y ante las autoridades judiciales competentes", explican los especialistas.