Madrid, 24 nov (EFE).- El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han abierto este viernes una nueva etapa de diálogo, en la que ambos actores parten de cero con el objetivo común de lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces "lo antes posible" y dejar atrás la tensión por la ley de amnistía.

Esta nueva coyuntura ha quedado escenificada en la reunión que han mantenido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, en el inicio de una primera ronda de contactos con el sector de la Justicia y que responde a la costumbre de que la primera visita institucional que realizan los nuevos titulares del cargo sea a la sede del Poder Judicial.

Una cita de especial relevancia ante las críticas expresadas por el CGPJ a la ley de amnistía y la alusión al 'lawfare' o persecución judicial con fines partidistas que incluye el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, pero también porque el Consejo está a pocos días de cumplir cinco años en funciones y para Bolaños "renovar el CGPJ no es una opción, es una obligación".

Ambos han coincidido en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces "cuanto antes" a lo que Guilarte ha destacado "la necesidad de buscar fórmulas alternativas que eviten la situación de enquistamiento actual" con los nombramientos pendientes en la cúpula del Poder Judicial, 83 en estos momentos, según han informado fuentes de ambas instituciones.

Un primer encuentro, que ha durado menos de una hora, en la que ambas partes han constatado que tienen un objetivo común que es la renovación del órgano de gobierno de los jueces "lo antes posible" y que supone abrir una nueva etapa entre ambos actores, como así han confirmado en declaraciones a los medios antes de la reunión tras coincidir en un desayuno informativo del Consejo General de la Abogacía Española.

Bolaños ha destacado que él va a "intentar resolver las cuestiones con diálogo" y "tender puentes de entendimiento con el CGPJ" para que el Poder Judicial recupere la normalidad institucional: "Se ha abierto una nueva etapa después de la investidura. Estamos en una nueva etapa y un nuevo gobierno y un nuevo ministro de Justicia".

Mientras que Guilarte ha comentado que "estamos en un momento en el que partimos de cero y vamos a empezar".

Mientras se desarrollaba ese encuentro, Sumar ha irrumpido en este escenario con una querella contra Guilarte, y los nueve vocales conservadores por un delito de prevaricación administrativa, por la declaración institucional contra la ley de amnistía, una semana antes de que se conociera el contenido de la proposición de ley.

Apenas media hora antes de la cita, el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha justificado ante las puertas del Tribunal Supremo la querella por "incendiar" la sociedad con una "grave injerencia" que excedía sus competencias.

El CGPJ sacó adelante una declaración institucional contra la ley de amnistía, cuando aún ni quiera se conocía el texto, que tacha de "medida de abolición del Estado de derecho", que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Santiago les ha responsabilizado de "incendiar el ambiente" y de dar pie con ello a las declaraciones de asociaciones de jueces y fiscales, sindicatos y fuerzas de seguridad contra la norma.

Pero también a las manifestaciones de jueces togados contra acuerdos parlamentarios, algo que -ha recordado- está prohibido por ley y de lo que ha exigido responsabilidades disciplinarias a Guilarte porque se están comportando como un actor político y no solo actúan para defender intereses profesionales.

Preguntado por esta querella, Bolaños ha dejado claro que es "una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista y que él apuesta por "intentar resolver las cuestiones con diálogo" y "tender puentes de entendimiento con el CGPJ":

Guilarte, por su parte, ha sido tajante: "Estamos intentando bajar la tensión y estas actitudes yo creo que no van a ningún sitio".