En un comunicado de prensa de la candidatura a las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid liderada por José María Alonso manifiesta su rechazo a la declaración de independencia emitida por el Parlamento de Cataluña, así como su apoyo a las deciones que se están tomando afín de garantizar el Estado de Derecho.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por dicha candidatura.

En nombre de la candidatura que encabezo a las elecciones a la Junta de Gobierno de ICAM, quiero manifestar y manifestamos que:

 

1.       Rechazamos plenamente la decisión aprobada en el Parlamento de Cataluña para la proclamación de la República Independiente de Cataluña. Significa un ataque a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, y la consumación de la negativa frontal del gobierno presidido por Carles Puigdemont para restituir el orden constitucional y jurídico alterado, tal y como se le había requerido.

2.       Apoyamos sin fisuras todas aquellas decisiones y acciones que se están adoptando, en el marco del Estado de Derecho, encaminadas a restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña y a salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos catalanes y españoles, en su conjunto.

3.       Respaldamos inequívocamente las medidas aprobadas de forma extraordinaria por el Senado, en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, para proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña.

4.       Creemos en una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista, y denunciamos, por consiguiente, la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar de forma deliberada y sistemática el enfrentamiento institucional, desoyendo sin excepción los llamamientos producidos desde las instituciones garantes del Estado de Derecho.

5.       Confiamos en que las medidas impulsdas por el gobierno de España, pactadas con otras formaciones políticas como el PSOE o Ciudadanos, sean útiles para garantizar la convivencia entre españoles, para atajar la inseguridad jurídica creada ya con la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana aprobadas ilegalmente en el Parlamento de Cataluña, y para devolver la propia estabilidad a la estructura económica de Cataluña.

6.       Como letrados, reiteramos nuestro compromiso sólido de lealtad y defensa del sistema constitucional y de los principios y valores democráticos en los que se fundamenta el Estado de Derecho. 

Madrid, 28 de octubre de 2017                                          

José María Alonso Puig