La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) acaba de cumplir un año, pero su desarrollo reglamentario avanza a un ritmo más lento de lo esperado. Actualmente—y hasta este viernes, 3 de junio— permanece abierto el plazo de consulta al borrador de real decreto que regula la creación, composición y funcionamiento del Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en el artículo 37 de la ley.

Inspirado en órganos similares creados hace tiempo en países como Reino Unido, Francia o Suecia, este futuro Comité tendrá la función de asesorar sobre la política de energía y clima de nuestro país. También la Unión Europea cuenta con el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. Todos ellos emulan al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) —establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente—, cuyo trabajo fue, y sigue siendo, esencial para la respuesta de la comunidad internacional a la crisis climática. Sin embargo, tal y como señala el texto del borrador del Real Decreto, el comité español tendrá una mera naturaleza de “grupo de trabajo” sin que sus acuerdos tengan efectos frente a terceros. La abogada y directora del IIDMA, Ana Barreira, señala que “esta falta de efectos implica que este órgano científico nacerá con un rol muy debilitado”. Por otro lado, el Comité tendrá que presentar anualmente un informe ante el Congreso de los Diputados para ser sometido a debate. La LCCTE exige que con anterioridad el Gobierno motive su posición respecto de cada informe, “sin embargo, esto no se refleja en el borrador de real decreto y es esencial para que sus informes tengan algún tipo de respuesta oficial”, añade Ana Barreira.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) considera prioritario que este organismo sea independiente, para lo que es imprescindible contar con presupuesto propio para llevar a cabo sus tareas. Sin estos recursos, sin duda, se debilita su rol y dificulta su independencia. Según el texto sometido a consulta, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se encargará de la gestión y apoyo técnico y administrativo al Comité “mediante las correspondientes transferencias presupuestarias, de acuerdo con sus disponibilidades”. Habrá que ver cómo se concretarán estos recursos transferidos. Además, la independencia del órgano de expertos debe garantizarse desde el inicio durante el proceso del nombramiento de sus miembros. No obstante, el citado real decreto encomienda esta designación al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que pone en cuestionamiento el carácter independiente del órgano. De hecho, únicamente se prevé la intervención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el nombramiento de su presidente/a, pero no en el resto de miembros.