Madrid, 4 may (EFE).- El freno a los bulos y a la desinformación ha entrado de lleno en la actualidad política y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado frenar este problema desde 2020 y en el Congreso se han tramitado varias iniciativas sin éxito, los socios de coalición están divididos y el PP y las asociaciones de periodistas alertan del peligro que puede correr la libertad de prensa.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abogado por una "regeneración democrática" en los medios de comunicación, el miedo a la censura en una futura regulación del derecho a la información ha puesto en aviso a los profesionales del sector que luchan por una información veraz pero ante todo por la libertad de prensa.

Y es que además de las asociaciones y sindicatos de periodistas, algunos socios del Gobierno de coalición como Sumar no quieren entrar en promover una ley de medios que sí piden IU o Podemos para garantizar la "pluralidad informativa".

 

Intentos del Gobierno por poner freno a los bulos

Desde hace cuatro años el Ejecutivo de Sánchez intenta frenar los bulos sin éxito, tanto con iniciativas parlamentarias como con la creación en 2020 de una comisión permanente contra la desinformación que fue muy criticada por el PP.

Aquel año el Ejecutivo puso en marcha un mecanismo, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, para prevenir, detectar y dar respuesta al fenómeno de las 'fake news'.

La base fue el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018 y pretendía atajar "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

Sin embargo, el procedimiento provocó duras críticas por parte del PP y de Vox por entender que la Moncloa buscaba el control de los medios o la censura.

Por el Congreso de los Diputados también pasaron varias iniciativas vinculadas al derecho a la información.

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso creó una ponencia en 2019 para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las 'fake news', con efectos disruptivos en la sociedad, por la que pasaron decenas de periodistas, expertos, líderes de opinión y empresas de comunicación.

La ponencia se disolvió en 2023 y en esta legislatura, de momento, no se ha aprobado la constitución de una nueva.

En 2022 Sánchez quiso aprobar la ley que regulara el secreto profesional en el ejercicio del derecho a la información de las profesiones periodísticas, aunque finalmente esta ley llegó al Parlamento en forma de enmienda a un proyecto de ley que trasponía una directiva europea que nada tenía que ver, y la iniciativa no salió adelante.

El último anuncio al respecto fue en plena campaña electoral para las generales del 23 de julio, cuando la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, volvió a abogar por "proteger el derecho a la información" en el marco de una reforma de la ley electoral.

 

¿Qué proponía el Gobierno en 2022?

La enmienda que presentó el PSOE para reformar una ley orgánica a través de otra ley trataba de desarrollar el articulo 20 de la Constitución, que no aborda la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

Establecía que "ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes" y definía lo que es un periodista, una fuente y un medio de comunicación.

Se consagraba que "el secreto profesional ampara y obliga a los y las periodistas a proteger la identidad de sus fuentes", salvo excepciones regladas como cuando un tribunal penal constate que la fuente ha falseado conscientemente la información, aunque también incidía en que el juez no podría requisar en ningún caso las herramientas de trabajo de los periodistas.

 

¿Y qué dice el artículo 20 de la Constitución?

En la Carta Magna se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

"La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades", señala el artículo, que deja abierto este capítulo.

Por otra parte, la Constitución incide en que el ejercicio de estos derechos "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

Asimismo, recalca que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

 

División entre partidos y profesionales

El Ejecutivo se abre a revisar la financiación de la publicidad institucional en los medios de comunicación y el debate sobre una futura regulación ha levantado divisiones.

En los últimos días Podemos e IU plantean una ley de medios para frenar los bulos.

E incluso Vox en 2023 hizo su intento en el Congreso, al pedir a través de una proposición no de ley promover el pluralismo en los medios públicos y privados.

Los de Abascal instaban a favorecer que la información emitida en las cadenas de televisión fuera veraz y contrastada, aunque la iniciativa fue tachada de "cínica" por la oposición y fue rechazada.

El PP cree que el Gobierno pretende regular el derecho a la información para lograr la impunidad y minimizar las consecuencias de "casos de presunta corrupción", y apuesta por el criterio profesional y posteriormente porque la ciudadanía sea la que otorgue valor a las informaciones.

Sumar pide mayor transparencia para conocer los criterios de reparto de la publicidad institucional y ver quién paga a esos medios.

 

Y mientras las asociaciones profesionales se muestran cautas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) advierte del respeto al trabajo de los profesionales y de la libertad de información, mientras que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) señala que existen cauces judiciales para denunciar falsedades, así como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que ampara a la profesión y no está regido por periodistas, sino por un colectivo de profesionales de distintos ámbitos.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) sí aboga por una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía al tiempo que la Red de Colegios Profesionales de Periodistas (formada por nueve Colegios Profesionales) pide crear el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas para regular el sector y evitar el intrusismo.