La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, reclamó un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y represión del blanqueo de capitales, pero también respeto para los derechos fundamentales de las personas, en concreto, al secreto profesional que ejercen los abogados, pero del que son titulares los ciudadanos.
“El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales”, dijo Ortega en la inauguración de la IX Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Málaga, que tiene lugar hoy y mañana en esta ciudad andaluza.
La persecución del lavado de dinero procedente de actividades ilegales está dando en los últimos años y especialmente en los últimos meses importante pasos adelante. Ortega aludió a la reciente entrada en vigor del Registro de Titularidades Reales, que tiene por objeto la claridad a la hora de conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las sociedades españolas o que operan en España. Asimismo, se refirió a la inminente aprobación de un reglamento europeo y de una directiva en relación con la prevención y represión del lavado de dinero.
Ortega refrendó el compromiso de la Abogacía en la lucha contra esta lacra social a la que contribuye desde el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales, donde se centraliza todo el conocimiento y participación de la profesión en la elaboración de las aludidas normas. Su presidente, Jesús Pellón, manifestó que la lucha contra esta forma delictiva es especialmente compleja en un sistema financiero y legal en el que se producen millones de operaciones diarias, pero en el que distintos agentes como las entidades financieras, los notarios, los registradores y los propios abogados impiden en innumerables ocasiones la comisión de este tipo de delitos.
El decano de los abogados malagueños, Salvador González, apuntó que “la transparencia, la ética y la responsabilidad son los pilares sobre los que se construye la confianza en nuestro sistema financiero”, al tiempo que aludía a la necesidad de “coordinar una respuesta global a un fenómeno que no entiende de fronteras”. Para González, estas jornadas son “el marco más adecuado para reflexionar sobre el papel de la abogacía en la prevención de este tipo de delitos”.
En la inauguración también participó la viceconsejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera, quien expuso la especial sensibilidad de esta comunidad que, por su ubicación geográfica y la importante presencia de ciudadanos de diferentes nacionalidades, resulta escenario propicio para la comisión de delitos que llevan aparejados la necesidad de limpiar los beneficios obtenidos de actividades ilícitas. Corredera expuso el compromiso inquebrantable de la Junta de contribuir dentro de sus competencias en la persecución de este tipo de delitos.
Estas jornadas cuentan con los principales expertos nacionales en este campo, como Antonio Fuentes, subdirector general del Notariado y de los Registros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o África Pinillos Lorenzana, responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC. También intervienen la eurodiputada Eva María Poptcheva y José Javier Polo, fiscal coordinador de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional.
Aquí se puede consultar el Programa.
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