Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón y Jesús Pellón, presidente de la subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo.

La Abogacía ha manifestado su firme compromiso de luchar contra la “lacra social” del blanqueo de capitales, cumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación vigente, como se refleja en las conclusiones de las VIII Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales celebradas en Castellón.

Además, reclama “una regulación clara y precisa que garantice la seguridad jurídica que requiere todo estado de derecho, así como que las obligaciones impuestas a los profesionales sean proporcionales a los niveles de riesgo que su actividad comporta”.

Las jornadas se han celebrado el 7 y el 8 de abril en Castellón, con la participación, entre otros, del director del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), Pedro Comín, y los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Antonio del Moral.

En la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, afirmó que el papel de los abogados es esencial en la lucha contra el blanqueo, que calificó como una “verdadera amenaza para la democracia”.

En las conclusiones también se puso de manifiesto la importancia que tiene el compliance por parte de las empresas, en el que el asesoramiento del abogado es esencial, por sus conocimientos, su formación y su deber de secreto profesional.

Y además, la Abogacía considera que “para una mejor colaboración con la Administración y para facilitar el cumplimiento de las medidas de diligencia que ello comporta, es imprescindible la creación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía”.

En las jornadas también se habló de la potestad sancionadora de la administración y de criptomonedas.