Madrid, 31 dic (EFECOM).- Los estudiantes que realicen prácticas formativas o académicas externas comenzarán a cotizar a partir del 1 de enero, una medida que debía haber entrado en vigor tres meses antes, según pactaron Gobierno y sindicatos, pero que fue aplazada para que instituciones y empresas pudieran adaptarse.

Según recogía el último tramo de la reforma del sistema público de pensiones -que tuvo el visto bueno de la Comisión Europea y la firma de los sindicatos- los estudiantes en prácticas no laborales pasan a cotizar a la Seguridad Social, si bien el coste de esta medida está bonificado al 95 %.

Además, se establece que la realización de prácticas es compatible con el cobro de la prestación por desempleo.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó tras su primera reunión con sindicatos y patronal que no habría nueva prórroga y, por tanto, la cotización de los becarios entrará en vigor este 1 de enero.

Ese punto de la reforma de las pensiones debería haber entrado en vigor el 1 de octubre, pero el Gobierno lo prorrogó -mediante un decreto ley de finales de junio- hasta el cambio en aras de que las empresas e instituciones afectadas dispusieran de más tiempo para adaptarse a la nueva situación.

Con la prórroga también ampliaron la retroactividad de la medida, de manera que, una vez entre en vigor, cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023 podrá incorporar ese periodo a su cotización, si bien deberá solicitarlo expresamente a la Seguridad Social.

El compromiso para que los estudiantes que realizan prácticas no laborales comenzaran a cotizar se alcanzó en julio de 2021, con la primera parte de la reforma de las pensiones, y se concretó en ese último tramo de la reforma este mismo año.

 

Las universidades, en contra

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha opuesto desde un principio a este cambio en la situación de los becarios, una medida que no comparten y ante la que pidieron una moratoria que fue concedida por ese periodo de tres meses.

A principios de junio, la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, afirmó que "no tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social".

Sin embargo, los agentes sociales no han compartido esa visión del mundo académico, en tanto que los sindicatos han reivindicado que la medida se pusiera en marcha y la patronal CEOE no se ha opuesto al no suponer un coste excesivo para las empresas.

En un comunicado de mediados de este mes, el sindicato CCOO exigió el cumplimiento completo de los acuerdos que reconocen la cotización a quienes realizan o han realizado prácticas universitarias, de formación profesional o investigación.

En la misma nota, advertía de una "posición obstruccionista" de algunas autoridades académicas para reconocer el derecho de los becarios a cotizar y las acusa de colocarse en una posición de "clara ilegalidad alejada del modelo de excelencia educativa que dicen defender".

Desde el mundo empresarial no se han opuesto a la medida, por ese bajo coste al estar las cotizaciones bonificadas al 95 %, aunque fuentes del sector reconocen que algunas compañías, quizá "porque no han hecho los deberes" tienen "miedo" de no ser capaces de gestionar la nueva situación.

"No es por dinero", remarcan esas fuentes, "sino un problema logístico y quizá un conflicto", en el caso de que las universidades renuncien a aplicar el modelo y las empresas no contraten nuevos estudiantes en prácticas.