Desde el año 2018, los bancos españoles están obligados por el Código de Comercio a incluir, en sus Estados de Información No Financiera (EINF), datos significativos sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente. La realidad está lejos de este escenario, según se desprende del último informe del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que analiza el grado de cumplimiento de Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander en 2020.
El estudio, titulado La banca española y el reporte de cuestiones ambientales: Análisis de los Estados de Información No Financiera 2020, pretende contribuir a la transparencia de la banca española con respecto a la huella ambiental de su actividad financiera. Aunque no es posible establecer un ranking, debido a la heterogeneidad de los datos aportados por cada banco, sí se resaltan los avances de Bankinter, BBVA y Banco Santander en la publicación de información relativa a su participación en sectores intensivos en carbono.
Se alerta, sin embargo, de la omisión generalizada de otros datos esenciales, como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a sus productos financieros, o el impacto de su actividad en la biodiversidad y el medio ambiente.
Uno de los principales objetivos de esta divulgación es que inversores, empresas financieras y público en general, conozcan la exposición a los riesgos climáticos de cada banco. Es decir, el riesgo de la caída del valor de una empresa por no adaptarse a las medidas de descarbonización de la economía, marcadas por diversos tratados internacionales, jurídicamente vinculantes, como el Acuerdo de París.
Y es que, según indica Quentin Aubineau, abogado del IIDMA y coautor del informe, ”la banca está particularmente expuesta al riesgo climático de transición por la acumulación de activos en sectores intensivos en carbono, que podrían convertirse en stranded-asset (activos varados)”.
Concretamente, el informe hace referencia a un estudio de RAN y BankTrack, que revela que, entre 2016 y 2020, los 60 principales bancos a nivel mundial destinaron 3,8 billones de dólares a empresas vinculadas a los combustibles fósiles.
La divulgación de datos relevantes y comparables es esencial para identificar qué actores del sector bancario apoyan una descarbonización real de la economía. Sin embargo, el informe señala que una gran parte de los datos publicados se centran en la huella ambiental de sus propios edificios, cuyo impacto es completamente marginal en comparación con las emisiones de GEI que pueden producir las empresas que financian.
Asimismo, el IIDMA pone de manifiesto que existe prolija información respecto a los proyectos de finanzas sostenibles que los bancos apoyan, pero la falta de otros datos impide comparar el porcentaje que estos proyectos representan dentro del conjunto de carteras de la banca española.
Hacia un marco jurídico europeo más tajante
El sector financiero tiene un papel clave en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección del medio ambiente. Así lo reconoce la Comisión Europea (CE) en su estrategia de finanzas sostenibles para hacer frente al cambio climático.
Con el objetivo de promover un reporte informativo más transparente, la CE propuso, el pasado mes de abril, una revisión del marco jurídico europeo en materia de divulgación de información corporativa sobre impacto ambiental y climático.
Se espera que el nuevo marco legal entre en vigor a partir de 2024. Sin embargo, el IIDMA sostiene que las directrices de la CE publicadas en 2019 en materia de divulgación de información sobre el clima ya suponen una guía muy completa. “Es esencial que se implementen las herramientas existentes. Si los bancos quieren mejorar sus reportes, ya disponen de recomendaciones precisas para divulgar información ambiental relevante”, señala Quentin Aubineau.
Recomendaciones del IIDMA
El IIDMA concluye en su informe que la tendencia actual en cuanto a la transparencia medioambiental de la banca sigue la misma senda que en los dos últimos años.
Para revertir esta tendencia, el Instituto ha emitido una serie de recomendaciones, entre las que destaca la divulgación de indicadores clave, relevantes y comparables, sobre las emisiones de GEI de sus productos financieros, sobre la exposición de sus carteras a sectores intensivos en carbono, y sobre el impacto de su actividad en la biodiversidad y el medio ambiente.
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